El PSOE y Junts se sentarán mañana miércoles a tratar el traspaso de competencias migratorias sin una hoja de ruta clara, pero con la presión de los de Carles Puigdemont de obtener la “gestión integral” y en medio del recelo de los aliados políticos que marcan su línea roja frente a leyes que puedan restringir derechos o alentar la xenofobia. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunirá en el Congreso con el secretario general de Junts, Jordi Turull, para tratar la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, aunque JxCat reconoce que no han pactado el contenido de la ley orgánica, pero pujará para “tener la gestión integral de las competencias”.

El punto más polémico del acuerdo alcanzado la semana pasada en el Senado para salvar los decretos sociales del Gobierno fue el posicionamiento de expulsar a inmigrantes multirreincidentes de Catalunya, lo que ha desatado desde entonces múltiples críticas de las propias fuerzas catalanas (ERC, la CUP y los comunes), así como de Sumar, Podemos y otras fuerzas de izquierda.

Sánchez no descarta delegar competencias a Catalunya relativas a la ordenación de migrantes en territorio nacional y también sobre políticas de integración aunque precisa que la parte relativa al control de fronteras y la lucha contra la migración irregular queda en manos de la Administración General del Estado y no se puede delegar. El líder del PSOE explicó ayer lunes que hay comunidades autónomas como Catalunya y Andalucía que recogen en sus Estatutos puntos relativos a la ordenación de la migración como “las autorizaciones iniciales para el empleo” aunque en coordinación con el Estado que otorga los permisos de residencia. Cabe recordar que esa competencia mencionada por el presidente del Ejecutivo -las autorizaciones de trabajo para migrantes- ya fue traspasada por el Gobierno del Estado a Catalunya en 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. La cesión fue acompañada con más de 1,3 millones de euros para realizar esta función.

Sánchez no aclaró sin embargo en una entrevista a RNE si Catalunya podrá oponerse al reparto de migrantes con las competencias que se le van a entregar, y se limitó a señalar que esta comunidad ha sido una de las más solidarias a la hora de recibir migrantes, en comparación a otras gobernadas por el Partido Popular con Vox. “Si uno mira los datos sobre la solidaridad interterritorial, Catalunya es de las comunidades autónomas más solidarias. Acuérdese que este debate sobre la reubicación de migrantes que han llegado particularmente a las Islas Canarias, donde no ha encontrado una contestación por parte de las instituciones ha sido en Catalunya, sino en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox”, manifestó.

Sánchez defendió también que las políticas que ha puesto en marcha en los últimos años demuestran su “apuesta decidida por la coordinación y la cooperación” entre comunidades y la Administración General del Estado. Sin embargo, admitió que el asunto está sobre la mesa por una exigencia de Junts a cambio de favorecer la aprobación de dos decretos.

“Humillación”, según el PP

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a la carga contra esta negociación al opinar que Sánchez va a tener que “humillarse todos los días y ceder en todo”, tras acordar con Junts la delegación de la competencia de inmigración o “perseguir a las empresas por el lugar en el que han decidido domiciliarse”. El acuerdo con Junts sobre inmigración supone además, según Feijóo, que Sánchez está “engañando a sus socios” y ninguneando al president Pere Aragonès, cuando pacta medidas que deberá gestionar el Govern. Mientras, ERC reclamó a Junts que deje de “vincular” inmigración y seguridad y le avisó del “peligro” de “abonar discursos de la extrema derecha” contra los migrantes. “Pedimos responsabilidad y conocer la letra pequeña del pacto”, dicen los republicanos.