El elefante en la habitación ha desaparecido. Pedro Sánchez ha amarrado los respaldos necesarios para volver a ser investido como presidente español y con ello ha quedado descartada una repetición de las elecciones generales, lo que permitirá al lehendakari decidir la fecha de los comicios vascos del año que viene sin condicionantes estatales y valorando únicamente los pros y contras desde la óptica de la política doméstica de Euskadi.
Una situación de bloqueo en el Estado hubiera conducido a repetir las elecciones generales el 14 de enero, de manera que el PNV se hubiera encontrado en plena negociación de la investidura a la altura de marzo, y esa circunstancia hubiera complicado en extremo la posibilidad de celebrar ese mismo mes las elecciones vascas. Ahora, Iñigo Urkullu tiene ante sí todas las opciones abiertas, que en esencia son dos y que incluyen la posibilidad de marzo. Puede celebrarlas en marzo, o bien hacerlas coincidir con las elecciones europeas del 9 de junio. En puridad, aún tendría margen para situarlas en julio, porque las de 2020 tuvieron lugar el día 12 de ese mes, pero está descartado porque es una mala fecha para movilizar al votante, y en aquel momento se optó por ella por razones excepcionales motivadas por el coronavirus.
En principio, el panorama estatal ha quedado despejado como mínimo durante el primer semestre del próximo año. Aunque hasta hace unas semanas se especulaba con una legislatura débil de Sánchez que, incluso pese a ser investido, pudiera desembocar a corto plazo en unas nuevas elecciones, la Constitución española establece en su artículo 115 que no se puede disolver el Congreso hasta que pase un año desde la anterior disolución. En cualquier caso, la legislatura podría durar como mínimo dos años, si Sánchez consiguiera encarrilar los primeros Presupuestos.
La opción del 9 de junio
El 9 de junio es la opción que tomó vuelo en un primer momento. Su principal ventaja es que evitaría la fatiga de los vascos en las urnas y tener que convocarlos dos veces en tan solo un semestre, primero para las autonómicas, y después para las europeas del 9 de junio. En un contexto donde el PNV ha perdido votos que se han marchado a la abstención, forzar la máquina con dos convocatorias podría tener riesgos. El beneficio más claro de hacer coincidir las elecciones se lo llevaría la candidatura del PNV para las europeas, porque podría hacer tándem en campaña con los aspirantes a Lehendakaritza y el Parlamento Vasco en una convocatoria europea donde se vota por circunscripción estatal y es complicado amarrar el escaño sin forjar coaliciones con otros territorios.
En cuanto a los inconvenientes, coincidir con las europeas podría exponer al PNV a la tan rechazada estatalización de la campaña: se ha evitado la amenaza de las generales, pero las europeas son otra convocatoria a nivel estatal en la que Sánchez y Feijóo se van a implicar. Por tanto, se podría reactivar el voto constitucionalista también para las autonómicas. Cabe recordar que el líder del PSE, Eneko Andueza, fue el primero en significarse públicamente a favor de solapar ambas elecciones en junio, con el argumento de que se podría dar cauce a más producción legislativa.
En cuanto al cumplimiento del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV, situar las elecciones en junio permitiría apurar durante siete meses más la negociación de las transferencias pendientes. Si las elecciones fueran en marzo, quizás solo podrían cerrarse las tres del paquete urgente que han pactado hacer en tres meses: trenes de Cercanías, convalidación de títulos de educación superior extranjeros, e inclusión de las personas de acogida. En este sentido, sean las elecciones en marzo o en junio, el Gobierno vasco entraría en funciones como muy pronto en marzo, en el momento de los comicios, y la Junta Electoral ya dictaminó a raíz de una queja de Bildu en 2020 que se pueden acordar traspasos en campaña, siempre que no se abuse con su publicidad.
La opción de marzo
El inconveniente por excelencia que tendría junio sería que puede exponer al Gobierno vasco a una larga travesía en el desierto si la oposición opta por alargar los trámites de las leyes solicitando prórrogas. Podría suceder que, una vez pasado el mes de diciembre y aprobados los Presupuestos y la Ley de Educación, los partidos vean más cerca las elecciones y se instale la confrontación en el Parlamento, incluso entre los socios, PNV y PSE. Los jeltzales tendrán que analizar si se va a sacar a esos meses un rendimiento que compense el esfuerzo de aguantar. Si se optara por zanjarlo con unas elecciones en marzo, el lehendakari tendría que tomar esa decisión, a más tardar, en la primera semana de febrero, ya que se deben convocar con 54 días de antelación. Pero podría hacerlo antes para celebrar las elecciones en los primeros días de marzo, aprovechar el periodo inhábil del Parlamento en enero y no volver a abrir la Cámara hasta que lleguen los comicios.
Marzo evitaría la polarización PSOE-PP de las europeas. Y celebrar los comicios en los primeros días de ese mes podría permitir, apurando mucho, tener un Gobierno a la altura de Semana Santa, a finales de mes. Fuentes de su entorno rechazan hacer declaraciones o cábalas sobre algo que corresponde al lehendakari.
