LA esperada y no sorpresiva sentencia del procés ha abierto un tiempo nuevo con consecuencias imprevisibles en Catalunya, pero también en el Estado español. La primera, pero no la única, es la total desafección hacia esa España empeñada en pasar como un rodillo por encima de los derechos de las personas y de los pueblos.
Esos derechos, comenzando por el derecho a la autodeterminación, no son una invención de nacionalistas, sino que existen en el Derecho Internacional, aceptado de manera oficial por la propia España. O sea que argumentar que no existen en el ordenamiento democrático es falsear y mentir, como siempre. Véanse sentencias del Tribunal Internacional de La Haya, la Carta fundacional de las Naciones Unidas o los sucesivos pactos internacionales por los derechos civiles. España firmarlos, los firma, pero no los cumple. Por lo tanto, es totalmente hipócrita e indecente que los voceros políticos españoles los nieguen.
La sentencia del Tribunal Supremo soporta ya críticas fundamentadas, como la de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, que enviaron al juicio contra los y las políticas catalanas a más de sesenta personas observadoras internacionales. Fundadas en 1922 y 1997 respectivamente, aglutinan a varios centenares de organizaciones por los derechos humanos, en más de 140 países y con treinta estados asociados (entre ellos España). En su informe sobre la sentencia contra Catalunya cuestiona, entre otros aspectos, la imparcialidad del tribunal, los delitos de sedición y rebelión no demostrados en los videos y documentación del 1 de octubre de 2017. Esto también les da igual en España.
Nula independencia del Poder Judicial, crueldad, injusticia, venganza, despropósito, falta de visión política, agresión judicial etcétera, son parte del amplio abanico de críticas posibles a esa sentencia teledirigida y decidida de antemano para amedrentar, paralizar e impedir que el pueblo catalán decida. Pero no solamente es una agresión directa y planificada contra la nación catalana, sino que es un aviso para que ni se nos ocurra movernos. Afecta al pueblo vasco y marcará la política a corto y largo plazo.
Y ya se sabe, así nos callamos y por la paz un ave maría. No hay solución, me decía una veterana militante del PNV. No lo parece, es verdad. A partir de este momento la defensa de los derechos de las naciones vasca y catalana entra en una fase tan nueva que las y los políticos van a tener que demostrar una gran imaginación, gran poder de cohesión y fortaleza en la defensa de nuestras naciones, a no ser que se opte por renunciar a lo que, al parecer, por el momento y a mucho tiempo vista no se podrá pactar con Madrid.
Miles y miles de personas siguen movilizadas diariamente de forma pacífica en Catalunya. El president Torra condenó los disturbios. Los mensajes que envían desde allí son de diálogo. Sin embargo, y negando la mayor, los líderes políticos y medios de comunicación españoles avalan el despropósito antidemocrático centralizador, exagerando interesadamente una situación de caos, criticable si pero que se ha vivido de manera muy puntual y localizada. Y, frente a esa mayoría que defiende pacíficamente a quienes siguen en la cárcel injustamente, la Guardia Civil y policías revientan ojos utilizando materiales prohibidos. Como en la canción, afirmo: Egia da, egia da, nik ikusi dudalako, egia da, egia da, porque lo he visto yo.
Prestigiosos medios internacionales informan también de esas provocaciones que derivan en violencia. Seguro que hay grupúsculos que no se enteran -o no quieren saber-que el lío solo beneficia a los planteamientos españolistas, o, por qué no pensar que hay personas infiltradas para provocarlo. De eso, desgraciadamente, sabemos en Euskadi.
