MEA CULPA. No comulgo con los que piden silencio ante las actuaciones de fiscales, jueces y abogados del Estado como si no hacerlo atentara contra su independencia o hacerlo fuera garantía de imparcialidad. Ya me dijo el presidente de un alto tribunal que ellos no tienen prejuicios pero sí preconcepciones. Le compré el eufemismo y tan amigos. En las últimas semanas se ha hablado mucho de presiones a la Abogacía del Estado en el caso de Junqueras, a la Fiscalía en las peticiones de tercer grado o al Supremo con los recursos a sus propias sentencias. No creo que la presión supere a sus propias convicciones. En la investidura de Sánchez, la imagen de la diputada Macarena Olona sentada junto a Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal rescató de mi memoria reciente cómo las preconcepciones de la que fuera Abogada del Estado en el País Vasco -antes de salir del armario y fichar por Vox- orientaron su acción independiente en perfecto tándem con el entonces delegado del Gobierno del PP, Carlos Urquijo. A quien, por cierto, dicen que le hacen ojitos los de Abascal. Olona tuvo a gala multiplicar los recursos contra instituciones vascas -casi mil entre 2012 y 2014- por el uso del euskera, concentraciones en favor de los presos de ETA y hasta el decreto de víctimas de abusos policiales en el franquismo. Abogó por perseguir preventivamente el enaltecimiento del terrorismo limitando el derecho de manifestación y -siendo cargo público- por ocupar la calle en defensa de un relato determinado que dignifique a las víctimas de ETA y no las equipare con las del franquismo. Se debió proteger la independencia de esta Abogada del Estado. Pero de sí misma.
