Los Borbones me han dejado agotada. Primero el padre con la abdicación que, parece, ya se intentó en 2010 (entonces los cálculos les salían peor; ahora ha podido asegurar su protección frente a la ley, la cumplan o no). Después el hijo y su mujer, ufana donde las haya, en una coronación de estética comparable a la de cualquier dictadura su-ramericana por la abundante parafernalia militar a la que es tan adicta esa familia.
Tantos dimes y diretes para llegar a lo que querían y necesitaban; es decir campar por donde quieren y como quieren sin que nadie pueda exigirles el cumplimiento de la ley como a todo el mundo. En esto de protegerles -incluso frente a demandas de paternidad- no ha habido ninguna sorpresa, debido a la fragilidad de un PSOE centrado en sus disputas internas. Inexplicablemente el socialismo ha apoyado una jefatura de Estado basada en la desigualdad. Un partido, por otra parte, que en este momento es incapaz de cumplir con la que dicen es su ideología (por mucho que el saliente Rubalcaba lo intente disfrazar con palabrerío engañoso de constitucionalidad).
En todo este barullo parecía que el PP no iba a caerse de la cresta de la ola, pero hete ahí que el proyecto de Ruiz-Gallardón contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se retrasa. El partido del Gobierno pretendía esta semana culminar su ataque a los derechos fundamentales de las personas en un evento disfrazado de respeto a la vida.
El ministro, deseoso de contentar a los sectores más ultraconservadores y activos contra nuestros derechos al más puro estilo fundamentalista, no se ha podido lucir como adalid y reserva espiritual de occidente en un seminario organizado expresamente por los retrógrados componentes del grupo Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. Mucho nombre, poca chicha. Que a nadie le engañe la denominación bajo la que se esconden.
Mientras, el resto de los grupos parlamentarios, desde el PNV al Mixto pasando por Convergencia e IU, con participación también de grupos feministas, organizaron el encuentro denominado Parlamentarios, Parlamentarias y Sociedad Civil por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible, en contra de la reforma de la derecha y a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las personas (y específicamente de las mujeres).
Es un error discutir sobre si derecho a la vida o no. La respuesta siempre debe ser sí. El meollo de la cuestión es si en el PP están a favor o no de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, embarazos y deseos. La contestación pública ya ha demostrado la apuesta mayoritaria de la sociedad por la igualdad y ya no engañan ni en sus filas cuando intentan destruir de raíz los derechos democráticos de la ciudadanía, empezando por los de las mujeres.
Mientras tanto, el PP sigue dando carta de naturaleza a repugnantes vulneraciones de derechos humanos como la prostitución. Y, en vez de ir al fondo de la cuestión y erradicarla persiguiendo a mafias y usuarios, estiman su actividad económica y la incluyen en el PIB. Tratan de engañarnos con una mejora artificial de los datos económicos y rebajan la deuda recogiendo actividades ilegales como son la trata sexual y las drogas.
Ya sé que el sistema europeo de cuentas (SEC 2010) planteó esa adaptación y que la prostitución y el tráfico de drogas pueden elevar la contabilidad estatal entre el 1,5% y el 3%. Pero no deja de ser una enorme contradicción, también ética, incluir la actividad sexual mercantilizada y las drogas ilegales en los resultados económicos del Estado. ¿Dónde está aquí la moral que tanto dicen defender los grupos de la extrema derecha católica
