JUSTO se cumplen cuarenta años del estreno de Companys, procés a Catalunya, la película de Josep Maria Forn interpretada por Luis Iriondo en el papel del president mártir con toda semblanza y verosimilutd cuando ha quedado visto para sentencia el proceso sobre el procés, en la parte que se dilucida en el Tribunal Supremo. La cita no es gratuita: el actual líder del PP, Pablo Casado, llegó a augurar al president Puigdemont el mismo destino del fusilado en Montjuich. Luego rectificó, o le hicieron rectificar, matizando que se refería solo a tribunales y cárcel.

Podrán negar cuanto quiera que se trata de una cuestión política, pero las evidencias se imponen. Para empezar, la causa no la entiende la instancia ordinaria, que en el caso de los aforados del Principat es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Se llevó primero a la Audiencia Nacional y, posteriorment, al máximo órgano del sistema. Recordemos también que se prohibió la presencia en la sala de observadores internacionales como tales, alegando que ya se hacía una retransmisión televisiva en directo, como si la realización no impidiese la visualización personal y según su interés de cada testimonio experto y teóricamente neutral. ¿Y qué decir de la calificación de los supuestos delitos? Juristas españoles del máximo nivel y hasta la abogacía del Estado en la misma sala han rechazado que existiese rebelión alguna. Igual que hicieron -también respecto de la sedición- tribunales de Bélgica, Alemania, Inglaterra y Escocia, llevando a la judicatura y la diplomacia españolas al ridículo de retirar por dos veces las demandas europeas de repatriación forzosa de los inicialmente reclamados.

Y puestos a hacer, hasta incluyen en el mismo paquete a la que fuera presidenta del Parlament Carme Forcadell, que se limitó a seguir los trámites reglados para unas iniciativas de los grupos de la cámara, según el reglamento de la misma. Atutxa, Knörr y Bilbao ya supieron bastante de esto.

Luegos están las perlas ofrecidas por miembros de la fiscalía, que fueron de exposición universal. Recordaremos solo un par: el esfuerzo de uno de los acusadores por equiparar el llamado referéndum con el golpe de estado del 23-F, asegurando que aquel asalto de 1981 no fue mucho más allá del jiu-jitsu de pacotilla con que Antonio Tejero trató de tirar al suelo en el hemiciclo del Congreso al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado. O aquella otra, digna de los mejores manuales de una jurisprudencia por su peculiaridad: “Un referéndum es delito aunque esté despenalizado”.

Todo eso, en el Tribunal Supremo. Porque las causas abiertas son muchas más y una treintena de personas permanecen acusadas en el juzgado número 13 de Barcelona, aunque tras el cambio de titular se han ido reduciendo los cargos; entre otros ya no les atribuyen el de organización criminal. Pero ahí siguen. Como decenas de alcaldes que aún no han visto archivados o sobreseídos sus procedimientos. Y recuérdese también a Tamara Carrasco, de las CDR, rama de la CUP, confinada en su Viladecans natal porque inicialmente se le atribuyó terrorismo y rebelión por participar en un corte de carretera de protesta. Una medida cautelar levantada al fin, después de más de un año, con una reconsideración que dejaba todo en “desórdenes públicos”.

¿Como acabará la novela? Difícilmente con la absolución deseada incluso en público por algun miembro del denominado “bloque constitucional”. Corren malos tiempos cuando los ultras sin ambages entran en algún gobierno regional de la mano de la derecha supuestamemte democrática, cuando otro auto del Supremo ha paralizado la exhumación de la momia de Cuelgamuros porque sería muy costoso devolverla al mismo lugar en caso de fallo definitivo en contra de un acto de justícia que para muchos se queda corto. No es de extrañar, así, que Pilar Rahola halle -y nadie lo ha desmentido- al autor del auto “vínculos directos y estrechos con Milans del Bosch”.

Añadamos otro recordatorio, este de la redacción del mismo magistrado José Luis Requero, que subraya: “El hecho de que fuera (Franco) Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento...” Por si alguien no lo ha sabido nunca, porque nunca se lo enseñaron, o no lo recuerda, aquel 1 de octubre fue reconocido el “Generalísimo” en Burgos, tras las muertes de Mola y Sanjurjo en sendos accidentes, y cuando el Jefe del Estado legítimo seguía siendo el presidente la República... hasta el triunfo de la rebelión y el golpe de Estado -aquellos sí- que impuso la dictadura y sus sangrientas represalias continuadas con ejecuciones hasta 1975.

El pronóstico aproximado es tan difícil de acertar como adivinar hasta dónde y cómo llegará la respuesta, la previsible protesta catalana. Porque la espiral no parece fácil de parar, ni parece que haya alguien con el poder necesario y dispuesto a hacerlo. * Periodista