Los sindicatos convocantes de la huelga general en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y la Foral de Navarra (CFN) han buscado reforzarse con su seguimiento desigual en sectores y herrialdes. Ejerciendo el derecho incuestionable a la huelga, miles de trabajadores secundaron una movilización cuyo efecto real es nulo, pero que permite a los convocantes –ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde– promocionar sus siglas y atraer hacia sí un protagonismo reivindicativo. Pero la pregunta es si hoy estamos más cerca o no del objetivo declarado de la convocatoria y la respuesta es que no se ha abierto una puerta a un salario mínimo interprofesional (SMI) específico y diferenciado ni en la CAPV ni en Nafarroa. Persisten las limitaciones legales y competenciales y la movilización no apunta a mover la postura de las organizaciones empresariales, contrarias a encarecer costes laborales por encima del entorno inmediato de las comunidades limítrofes, por incidir en la capacidad de competir con ellas. De ahí que sean comprensibles las sospechas de motivación política de los convocantes.
Explícitamente, lo esgrimía el secretario general de ELA con un relato retórico –que tampoco responde a la realidad– al reprochar a los gobiernos Vasco y de Navarra su “posición contraria” a un SMI propio. No existe esa postura compartida y el Ejecutivo de Gasteiz ayer mismo recordaba su reiterado apoyo a un salario mínimo vasco acordado, pero dentro de una seguridad jurídica y competencial y no como mero argumento de la estrategia de confrontar con las instituciones que practican determinados sindicatos. La naturaleza política de la convocatoria la revela el hecho de que la articulación de su reivindicación contiene demasiados flecos. Se demanda que cuatro territorios con características socioeconómicas no homogéneas en coste de la vida, salarios y costes laborales medios dispares fijen el mismo SMI superior al del resto del Estado; en segundo lugar, estimaciones estadísticas a partir de la afiliación a la Seguridad Social y Encuesta de Población Activa, sitúan en un 3% en la CAPV y en un 8% en Nafarroa los trabajadores a tiempo completo que cobran el SMI por no estar cubiertos por convenios. Llegar al 100% de cobertura está más cerca por la vía de la negociación real que de una confrontación placebo.
