PEDRO Sánchez ultima un proyecto de presupuestos en el que la primera meta volante ha sido cohesionar suficientemente las demandas de sus Ministerios para dotarlos de coherencia y no de una mera suma de negociados. Las carteras de Unidas Podemos (UP) y del PSOE vienen dando opción a sus titulares de proyectar sus propios mensajes y estrategias de un modo que no siempre favorece la percepción de coordinación interna. Proyectar ese escenario a los Presupuestos Generales del Estado dificultaría la solvencia de la necesaria respuesta a las exigencias del momento socioeconómico y entorpecería sensiblemente la posibilidad de incorporar apoyos externos para garantizar que salgan adelante. El propio presidente Sánchez no ha sabido por el momento sustraerse de la tentación de ocupar titulares y, ayer mismo, vinculaba su próximo presupuesto a unas medidas ad hoc dirigidas a Baleares que no responden a la lógica del modelo autonómico de fiscalidad equilibrada y que bien podrían acabar siendo consideras a ayudas de Estado al asumir el Gobierno la diferenciación fiscal por territorios allí donde legalmente no existe esa especificidad. La carrera autonómica de los barones de PP y PSOE por rebajar la presión fiscal no debe trasladarse al mecanismo específico de gobierno que son los presupuestos. Estos tienen además que ser capaces de abrir alternativas para que la mayoría parlamentaria de la que no dispone el Gobierno PSOE-UP se obtenga con la adhesión del resto de la mayoría de investidura que aupó a Sánchez. Ahí tiene una amalgama de fuerzas de diferente perfil a las que deberá darse margen de reconocerse en las cuentas. Con muchas de ellas existen obligaciones previas cuyo grado de cumplimiento no es todo lo satisfactorio que cabría esperar. Un escenario que no anima a que, desde el nacionalismo vasco o catalán, sin ir más lejos, se amplíe la “línea de crédito” de la que ha venido gozando el presidente. Es momento de amortizar deudas para acudir a una negociación presupuestaria que, con toda probabilidad, deberá sostenerse en la asunción de nuevos compromisos cuya credibilidad es directamente proporcional al grado de cumplimiento de los anteriores. El equilibrio social y la reactivación de la economía dependen de la capacidad de Sánchez de resolver esa ecuación.