El TSJPV celebrará el 7 de julio el juicio por el despido colectivo en Tubos Reunidos

Según ha explicado en Radio Euskadi Garbiñe Birrun, la Sala que preside "enjuiciará con arreglo a las pruebas que se planteen por las partes en el juicio oral" sobre las cuatro demandas interpuestas por los sindicatos al despido colectivo planteado por la dirección de la empresa.

Para ello, el tribunal valorará todo el expediente y será "de gran relevancia" el informe de la Inspección de Trabajo elaborado desde el año 2023, para decidir si concurre o no la causa de despido.

Personal temporal de la Administración pública

Biurrun ha indicado que la Sala de lo Social del TJSPV comenzará este martes a analizar los 180 recursos que tiene pendientes, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, que a su vez deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa al personal temporal de la Administración pública.

La resolución del TS ha dejado "muchas incertidumbres y dudas sin resolver" y que podrían generar una "una verdadera avalancha de litigios", sobre todo entre quienes no hayan superado esos procesos con derecho a una indemnización en "una horquilla muy amplia entre 1.000 y 10.000 euros", ha augurado.

"Yo no tengo la sensación de que haya aumentado la conflictividad" en Euskadi, y que esté relacionado con la bajada de inversiones como ha apuntado Confebask, "aunque no tengo datos" como para negarlo, ha sentenciado. "Es verdad", ha dicho, que "hay más pleitos y que los juzgados de lo Social están desbordados, pero también es verdad que hay mayor número de personas trabajadoras y mayor conciencia para acudir a la justicia".

Biurrun ha considerado que los partidos vascos deben ponerse de acuerdo para blindar la norma relativa a los requisitos de euskera para acceder a empleo publico y determinar si los índices de obligado cumplimiento del euskera "tienen que ser suelos o máximos".

Las sentencias que han anulado algunas OPEs por la exigencia de euskera son "una muestra de que no es un problema de sensibilidad de los tribunales" ya que han "interpretado la legislación de manera cabal". Evidencian, a su entender, la necesidad de "modificar la legislación".

Requiere de "una reflexión política importante" porque parece que "se ha abierto una veda que antes estaba contenida". Hace falta, ha opinado, "un replanteamiento social y político" hasta lograr "un gran consenso" porque "todos tenemos derecho a relacionarnos en euskera con todas las administraciones públicas", ha sentenciado.

Comité de Tubos Reunidos

Por su parte, representantes del comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio han sostenido este mismo martes que los únicos responsables de la situación de la empresa "son los accionistas, la avaricia que llevó a la deuda" y su decisión de gastar el dinero de la SEPI en trasladar la acería de Trapagaran a Amurrio, para cerrarla en 2 años.

Tres representantes de ELA, LAB y ESK, que tienen la mayoría del comité en Amurrio, han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar su visión sobre la empresa, en concurso de acreedores.

Primero han leído un texto en el que han reiterado que la solución pasa por no cerrar la acería de Amurrio, sin despidos ni externalización de la logística, las tres propuestas de la dirección por la que convocaron la huelga, hoy suspendida.

Han sostenido que el problema de fondo "sigue siendo de carácter financiero, la abultada deuda, generada en el 2008, cuando se pidió un crédito de 170 millones para repartírselo entre los accionistas, y la deuda pasó de 30 millones a 200".

Para el comité, los únicos responsables de la situación actual "son los accionistas". Ahora, las relaciones con la dirección están casi rotas: "Hemos pedido desde abril cuatro veces reuniones con la empresa y no han querido. Solo nos convocaron el 6 de mayo a una reunión que podía hacer durado cinco minutos. La empresa no ha querido hablar con nosotros para nada".

Ahora, con la suspensión del ERE y la presentación del concurso de acreedores, el comité considera que se abre un nuevo escenario, en el que el foco debe situarse en la viabilidad industrial y su sostenibilidad financiera.

Se han dirigido a las instituciones públicas, que han tenido "un papel hasta ahora insuficiente", y les han exigido qué digan qué medidas se van a tomar para garantizar la continuidad del trabajo, qué contactos hay con posibles inversores, con los acreedores, y cuál es el proyecto industrial.

Aunque también han subrayado que "los primeros inversores no hay que buscarlos fuera sino dentro, aquellos que se lo llevaron calentito en su día".

Los sindicalistas han insistido en que piden información porque "todo el mundo dice que algo se va a hacer pero nadie qué". "Nadie nos dice nada", han añadido.