Los empleados de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio vuelven este lunes al trabajo tras la suspensión de la huelga indefinida que secundaban desde el pasado 16 de marzo en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección.
Los sindicatos decidieron el viernes suspender la huelga una semana después de que un grupo de empleados celebrara una asamblea que votó a favor de volver al trabajo, una postura que fue rechazada inicialmente por ELA, LAB y ESK, que suman mayoría en el comité de empresa, y que ahora han aceptado la vuelta al trabajo aunque sin someter esta decisión a votación entre la plantilla, lo que ha generado discrepancias entre los empleados.
Calendario de movilizaciones
El comité, sin embargo, no descarta reanudar los paros en el futuro y por el momento han convocado dos jornadas de huelga y movilización los días 26 y 28 de mayo.
El regreso al trabajo (el primer turno ha comenzado a las seis de la mañana), se produce unos días después de que el juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz aprobara el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa. El próximo 26 la jueza ha citado al administrador concursal, a la dirección y a los sindicatos para estudiar las medidas laborales que se pueden tomar.
Los representantes sindicales consideran que, al entrar en la fase concursal, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas, aunque "no retiradas definitivamente".
Situación delicada
Representantes del comité de Amurrio y también del de la fábrica de Trapagarán, en Bizkaia, planta en la que no ha habido huelga, comparecerán el martes en el Parlamento Vasco para explicar a los representantes de la ciudadanía en el legislativo sus propuestas para que se garantice la actividad industrial de la acería.
Tubos Reunidos, que perdió 118 millones el año pasado, arrastra una deuda financiera de 263 millones, de los que unos 150 se los debe a la SEPI por un préstamo recibido tras el covid. La dirección de Tubos Reunidos ya ha avisado de que la situación es muy complicada y que si no se generan las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir, el concurso de acreedores podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo. Son 1.300 los trabajadores de todo el grupo, de los que 870 están en la planta principal, la de Amurrio.
"Posible mal uso del dinero público"
Por su parte, el sindicato CNT ha asegurado que la dirección de la empresa "se encuentra ahora exactamente donde buscaba estar" y ha exigido investigar una serie de "indicios" que "afectan al uso de dinero público, a la responsabilidad de los administradores y a la integridad del proceso concursal".
El sindicato, que ha valorado la "lucha" de la plantilla de Tubos Reunidos, tras casi 100 días de huelga, ha considerado que la dirección de la empresa está en un escenario "que le permite reestructurar su deuda pública, aplicar ERE y ERTE concursales y transferir la gestión del proceso al administrador concursal", algo que "buscaba" al entrar en concurso de acreedores.
Además, considera que la decisión de no firmar el ERE fue "correcta y necesaria", ya que hubiera implicado "reconocer causas económicas que la empresa no ha acreditado suficientemente".
"Contratación de un asesor vinculado a la SEPI"
Y ha señalado que "existen indicios que deben ser investigados en el marco de la sección sexta del procedimiento concursal, relativa a la calificación del concurso como culpable", entre los que enumera el "posible desvío de fondos SEPI de su destino original, la contratación de un asesor vinculado a la SEPI con nómina a cargo de Tubos Reunidos, meses antes del concurso, el posible tráfico de influencias en la concesión del crédito FASEE y el uso fraudulento de la huelga por parte de la empresa como causa formal de insolvencia".
"Estas cuestiones afectan al uso de dinero público, a la responsabilidad de los administradores y a la integridad del proceso concursal. La CNT exigirá que sean debidamente investigadas", ha asegurado, para añadir que, de plantearse cualquier reestructuración de la deuda pública, dirán "no al cierre de la acería, no a la externalización de la logística" y exigirán que no haya ningún despido "traumático".
