Las enmiendas dan vida al fondo para víctimas de amianto

Los afectados recuperan la esperanza de que el PSOE acepte por fin crear esta vía de compensación

07.11.2021 | 00:16
Concentración de trabajadores de CAF para pedir un fondo para víctimas de amianto. Foto: Efe

Bilbao – No es un asunto tan mediático como la ley mordaza o la reforma laboral, pero el Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo en el aire otro compromiso relevante como es la creación de un fondo económico para compensar a los afectados por amianto. Sobre la bocina y tras una semana en la que las víctimas de este mineral han salido a la calle para reclamar una solución, varias enmiendas de distintos grupos políticos del Congreso buscan acomodo a esta iniciativa en los Presupuestos de 2022. Ahora tendrá que ser el Ejecutivo que lidera el PSOE el que decida si activa o no este fondo económico y, si es así, de qué forma y con qué cuantía.

Se trata de un proyecto gestado en Euskadi que fue capaz de poner de acuerdo a la totalidad de los grupos del Parlamento Vasco en 2015 y que ha encontrado eco en el Congreso de Madrid en varias ocasiones, la última el pasado abril (también con unanimidad a excepción de Vox). Pero el Ejecutivo de Sánchez ha sido reticente al menos hasta ahora a asignar presupuesto al fondo y, de hecho, las asociaciones de afectados ven en esta tramitación de las Cuentas de 2022 casi un último tren.

"Puede ser la última oportunidad para este Gobierno", insistía esta semana Jon García, de la agrupación de víctimas de amianto de Euskadi (Asviamie) y uno de los muñidores de la iniciativa desde que dio comienzo su recorrido hace ya unos años. Él mismo reconocía ayer a DEIA que, "en el último minuto", las enmiendas presentadas por PNV, Bildu y Unidas Podemos cambian el escenario pesimista por el que transitaba la iniciativa. "Esto hace que veamos el tema menos negro, es verdad, aunque hay que esperar a ver en qué se concretan esas enmiendas al final", señalaba García todavía muy cauto.

Su asociación, junto con organizaciones sociales y sindicales de todo el Estado, llamó a salir a calles y plazas este pasado jueves día 4 para presionar el Gobierno de Sánchez a dotar de asignación presupuestaria al fondo en 2022. En general no había demasiadas expectativas en poder lograr el objetivo en esta ocasión, aunque puede decirse que tras la presentación de enmiendas el trayecto avanzado ya en el Congreso es muy relevante y, desde luego, la meta está más cerca que nunca.

El amianto sigue matando en Euskadi y, es más, es una problemática de impacto creciente ya que los síntomas de las enfermedades provocadas por el mineral tardan entre 25 y 30 años en aparecer. Expertos como el veterano sindicalista Jesús Uzkudun calculan que en el Estado español ni siquiera están detectados un tercio de los casos y que, por tanto, el número de víctimas reales es mucho mayor.

El problema que tienen muchos enfermos o, si la víctima fallece, sus viudas, es que a la hora de reclamar una indemnización a la empresa en la que trabajaron se encuentran con que la empresa o bien no puede pagar o, incluso, esta ya ha desaparecido. Si el Estado cuenta con un dinero ya asignado para atender esas compensaciones los tiempos de espera y la incertidumbre para las víctimas es mucho menor.

El adn industrial de Euskadi hace que la exposición de los trabajadores vascos al amianto, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, haya sido mayor que en otras zonas del Estado.

cifras distintas Es por ello que la sensibilización en Euskadi con este tema es también mayor y eso explica que PNV y Bildu hayan optado por incluir en sus enmientas a los Presupuestos de 2022 el empujón definitivo que necesita el fondo. El partido nacionalista presenta entre las 70 enmiendas a las Cuentas una dotación de 5 millones de euros para atender a las víctimas del amianto y, la coalición abertzale, de 25 millones.

Esta segunda cantidad es la que vienen demandando las asociaciones en función de las comparativas realizadas con fondos similares como el de Francia o Bélgica, aunque llegados a este punto casi lo más importante es que la iniciativa vea la luz. La partida necesaria en realidad va a depender de las propias características de este mecanismo y de las cargas que soporten las propias empresas. Así lo explica García, que recuerda que la cantidad reclamada para el fondo ya se ha adelgazado desde su gestación porque se contempla que, una vez pagada la indemnización, el Estado pueda repercutir esa cantidad a la empresa donde trabajó la víctima, al menos en ciertos casos.

Además, Unidas Podemos ha presentado una propuesta en enmiendas de 40 millones. De momento las asociaciones de víctimas optan por no lanzar las campanas al vuelo hasta que el Gobierno concrete si acepta o no la creación del fondo dentro de los acuerdos políticos para sacar adelante las Cuentas.

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