Nuevo paso adelante para la ampliación del instituto Iberre de Sopela. El departamento de Educación del Gobierno Vasco ha dado el visto bueno al anteproyecto presentado por el Ayuntamiento de la localidad para la urbanización de la parcela de Abaro, donde se ampliará el actual centro educativo para ofertar Bachillerato. Tras este nuevo trámite, ahora le toca el turno al Ayuntamiento de Sopela, que tiene que preparar el proyecto de ejecución y aprobarlo definitivamente para, a continuación, comenzar con el proceso de licitación de las obras.
En este sentido, la hoja de ruta municipal pasa porque el proyecto se apruebe este mes. Por su parte, el departamento de Educación presentó a mediados de mayo el proyecto de ejecución de la ampliación de la cubierta de la escuela Zipiriñe y solicitó además la autorización para el inicio de las obras, que ya ha sido concedida por parte del Consistorio. Estos pasos dados por ambas administraciones suponen “un avance para dar cumplimiento a los objetivos fijados” en el nuevo Plan de Infraestructuras del Gobierno Vasco Hezkuntza Eraiki 2030, donde se concretan “un nuevo IES Sopela BHI y también un nuevo edificio en el CEIP Zipiriñe HLHI”, además de ponerse “en marcha”, entre las próximas infraestructuras recogidas en el Plan, la “nueva infraestructura educativa en Zipiriñe”, es decir, la ampliación de la cubierta de la escuela.
“La colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento está permitiendo avanzar en el proyecto educativo para Sopela acordado en 2024 por todas las administraciones implicadas y la comunidad educativa, y que cuenta además con el apoyo de la gran mayoría de la corporación municipal”, destaca el alcalde en funciones, Unai del Burgo.
En esta línea, cabe recordar que el Ayuntamiento de Sopela desestimó el pasado mes de abril el recurso interpuesto por AVS/SAA contra las obras de urbanización para la ampliación del instituto de Iberre. Por su parte, la portavoz del grupo municipal señaló que el Consistorio empleó “una cabriola jurídica” para desestimarlo y aseguró que se ven “obligados a interponer un recurso contencioso-administrativo para defender los derechos de los sopeloztarras”.
