El próximo 11 de noviembre, el tramo vizcaino de la AP-68 pasará a ser gestionado directamente por la Diputación Foral de Bizkaia. Pese a que la titularidad ya es suya desde enero de 2020, será ese el momento en el que termine la actual concesión, en manos de la empresa Avasa. Seguirá siendo de pago, según ha reiterado el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, quien también anunció que a partir de julio se abrirá el proceso para establecer la cuantía de los peajes y sus condiciones.
Adjudicada en 1973 a la empresa Autopista Vasco-Aragonesa (Avasa), el tramo vizcaino de la AP-68 se inauguró por fases, empezando por el que discurre entre Bilbao y Areta, en 1978. En un principio, la concesión debía concluir en 2011 pero el Gobierno español, presidido en aquel momento por José María Aznar, aprobó una prórroga hasta el 10 de noviembre de 2026. La Diputación vizcaina asumió la titularidad el 1 de enero de 2020 pero será el 11 de noviembre cuando se haga cargo también de la gestión. "Apenas han dado información sobre cómo quedará la gestión de este tramo de peaje", ha criticado el apoderado de EH Bildu Raúl Méndez, quien ha solicitado la comparecencia de Alzaga en el pleno de control de las Juntas Generales celebrado este miércoles en Gernika, para ahondar en esta cuestión.
El diputado foral ha recordado que la financiación de las infraestructuras viarias de Bizkaia están reguladas en la Norma Foral de Carreteras 5/21, en la que se establece que los viales de largo recorrido "serán financiadas con cargo a las personas usuarias de las mismas mediante el establecimiento de peajes". Toda vez que la AP-68 se enmarca en dicha definición, "a partir del 11 de noviembre de este año seguirá siendo de peaje", integrándose en el modelo de gestión de estas infraestructuras a través de Interbiak. También ha anunciado que la tramitación del decreto que establecerá las cuantías de AP-68 comenzará en julio.
Ingreso "finalista"
Alzaga ha precisado que "el peaje es un ingreso que es finalista", por lo que se tiene que dedicar obligatoriamente a invertir en las carreteras y garantiza que las personas usuarias de la autopista no empadronadas en Bizkaia contribuyan a los gastos de explotación y conservación de la infraestructura, "de manera que no recaiga en exclusiva a los vizcainos asumirlos". Además, está "alineado con las políticas que marca Europa" y es un elemento "regulador de la demanda". El límite de gasto mensual que está establecido en el territorio supone, ha señalado, que el coste es equivalente "a lo que les supondría el transporte público".
Para el apoderado de EH Bildu, la gestión de la AP-68 debería suponer una "ventana de oportunidad" para revisar de forma integral el sistema de financiación de las carreteras del territorio, que consideran "injusto, poco operativo, que genera desequilibrios territoriales y no se adapta a las necesidades de movilidad del territorio". El desafío, en su opinión, es definir un planteamiento "integral" para financiar las infraestructuras, "con el mayor apoyo político y social posible. Hay que olvidarse de poner parches y gestionar las carreteras del territorio con criterios acordes a los nuevos paradigmas de movilidad".
