Los partidos de la oposición en las Juntas Generales de Bizkaia han pedido este miércoles equiparar la prestación económica de asistencia personal (PEAP) que se otorga en Bizkaia a personas en situación de dependencia a la de Gipuzkoa y Araba, donde no está limitada entre los 18 y los 65 años, y cuyas cuantías, han señalado, son superiores. PNV y PSE, que sustentan al equipo de Gobierno foral, han defendido que estas ayudas son "una pieza más de un engranaje más amplio" y que cada territorio tiene que aspirar a constituir "el sistema de cuidados que mejor responda a sus necesidades".
En el pleno de las Juntas Generales celebrado este miércoles en Gernika, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que las personas en situación de dependencia del territorio no pueden acceder a esta prestación en las mismas condiciones que las de Araba y Gipuzkoa, debido a una regulación "mucho más restrictiva". Mientras que en estos dos territorios el derecho a esta ayuda se reconoce desde los tres años y sin límite máximo de edad, en Bizkaia limita entre los 18 y los 65 años, y las cuantías económicas "siguen siendo inferiores" a las de otros territorios, en hasta un 39%, "lo que limita la capacidad de contratar apoyos suficientes para desarrollar una vida independiente".
Se trata de una ayuda que forma parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reconocida en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, como un instrumento destinado a promover la autonomía personal, la vida independiente y la participación social de las personas en situación de dependencia. Según ha lamentado, mientras que en Euskadi se ha evolucionado hacia "una concepción más amplia" de la vida independiente, "Bizkaia mantiene criterios más restrictivos que terminan dejando fuera a parte de las personas que el propio sistema de Dependencia reconoce y protege. No es de recibo que dos personas con el mismo grado de dependencia tengan distintos derechos según dónde residan".
"Maltrato institucional"
El apoderado de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga, ha criticado que estas diferencias "no son de recibo", debido a que las personas con discapacidad de unos y otros territorios "tienen las mismas necesidades. Es necesario que se equiparen porque incidirá positivamente en el día a día de muchos vizcainos y sus familias". También el PP ha mostrado su apoyo a la iniciativa, ya que, en palabras de su portavoz, Raquel González, que ha llegado a calificar la situación de "maltrato institucional", la discapacidad "no se puede convertir en un motivo de exclusión, de demora, de arbitrariedad administrativa ni mucho menos de trato desigual".
Por su parte, desde el PNV, Irene Gómez ha defendido que Bizkaia ha optado por orientar la prestación económica hacia la etapa que va de los 18 a los 65 años, "porque es el periodo donde se cumple de forma más directa la finalidad para la que fue concebida en origen: favorecer la autonomía, un proyecto de vida independiente, la participación social activa, la formación y la inclusión laboral. Es en la vida adulta cuando tiene un mayor impacto". Para los menores de 18 años y los mayores de 65 años se han desarrollado otros instrumentos "que responden mejor a sus necesidades específicas".
En ese sentido, ha rechazado que se trate de una "restricción o exclusión de derechos", sino ante "una organización distinta de los recursos y apoyos públicos". Además, ha advertido de que "comparar únicamente la cuantía de una prestación concreta sin tener en cuenta el contexto global de las políticas sociales y de cuidados conduce a conclusiones muy sesgadas. Replicar automáticamente modelos de otros territorios no supone una mejor política social".
En la misma línea, la socialista Berta Campos ha manifestado que "no todas las personas tienen que acceder a los mismos recursos y prestaciones", sino que lo que se debe garantizar "la atención más adecuada para responder a sus necesidades". Ha recordado además que se trata de una prestación finalista, para contratar una asistente personal. "No es solo una prestación económica, sino construir un proyecto de vida propio", ha señalado, además de constituir "una herramienta de un engranaje más amplio que tiene que garantizar la atención. Y eso implica ordenar recursos y herramientas dependiendo de las necesidades de cada persona y cada etapa vital".
