En 88 páginas de un auto judicial se condensa la argumentación de la imputación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, un texto que este martes se conoció tras levantarse el secreto de sumario del caso Plus Ultra.
Se trata de la primera vez en democracia que un exjefe del Ejecutivo es imputado por la justicia. El magistrado indaga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia y ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio
La noticia ha zarandeado a todo el Estado: la izquierda que está desorientada porque no acaba de creer lo que oye, y la derecha frotándose las manos ante un nuevo argumento que actúa como una gran manta que tapa la actualidad y le da argumentos para seguir con una política de acoso y derribo.
El documento, emitido por el Tribunal Central de Instancia de Madrid, detalla una investigación judicial compleja con varias claves. El punto de arranque es la imputación formal de Zapatero, denominado "investigado" en el auto.
Los motivos de la investigación no son baladíes: presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez Calama considera a Zapatero el “líder” de una trama organizada orientada a ejercer influencias ilícitas para obtener beneficios económicos para terceros y para la propia red.
El punto de partida
El núcleo de la investigación es la presunta influencia de la trama para conseguir la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra en 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según el auto, los directivos de Plus Ultra recurrieron a esta red para acceder a altos cargos de la Administración y asegurar la concesión del rescate.
Estructura de la trama y actores clave
Además, el auto describe una red jerarquizada. Calama habla de Zapatero como “líder estratégico” porque ejerce el liderazgo, mantiene los contactos de alto nivel e imparte las instrucciones. Su oficina en la calle Ferraz, 35, es señalada como el "centro de coordinación de la red".
Su amigo, Julio Martínez Martínez es señalado como el principal gestor del entramado societario para canalizar los fondos y el auto lo sitúa como "lugarteniente principal y figura visible" de una organización en la que seguiría "instrucciones directas" del expresidente del Gobierno. Mientras, otras figuras como Manuel Aarón Fajardo García actúan como intermediarios. Y el soporte operativo se atribuye a la secretaria del expresidente María Gertrudis Alcázar Jiménez, y a Cristóbal Cano como gestor del entorno de Julio Martínez. Ambos son identificados como los responsables de ejecutar las órdenes, elaborar la documentación y dar cobertura formal a las operaciones.
‘Modus operandi’
El autor considera que el ‘modus operandi’ se llevaba a cabo a través de sociedades Instrumentales y facturas ficticias. La trama utilizaba un complejo entramado de sociedades para canalizar y ocultar los fondos. El método consistía en el uso de un complejo entramado de sociedades para canalizar y ocultar los fondos.
En concreto, se firmaban contratos de consultoría (con sociedades como Análisis Relevante SL, Whathefav SL, Sofgestor SL, etc.) que, según el juez, eran una mera "cobertura documental" para justificar los pagos. Así, el dinero fluía desde los "clientes" de la red (como Plus Ultra) hacia las sociedades instrumentales y, finalmente, llegaba a los beneficiarios finales, principalmente al entorno de Rodríguez Zapatero.
Por último, el auto incluye la creación de Sociedades Off-shore. Se menciona la creación, por instrucciones de Zapatero, de al menos una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco), presuntamente para canalizar el cobro del 1% del rescate de Plus Ultra (530.000 euros) y evitar su trazabilidad en el Estado español.
Indicios y pruebas
Calama basa la imputación en una serie de indicios recabados en múltiples conversaciones intervenidas entre los miembros de la trama que hacen referencia explícita al papel de Zapatero ("nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero", "en el equipo del amigo estamos él y yo").
Además, el auto contempla el acceso a información privilegiada. Miembros de la red celebraron la concesión de la ayuda de Plus Ultra antes de que se tomaran las decisiones oficiales por parte del Consejo Gestor y del Consejo de Ministros.
El análisis financiero revela un circuito de pagos desde empresas beneficiadas por la acción de la red hacia el entorno de Zapatero y sus hijas (a través de la sociedad Whathefav SL). El texto incluye un fraude a la Seguridad Social ya que el auto señala que Plus Ultra obtuvo certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social en agosto de 2020, un requisito para recibir la ayuda, a pesar de que informes posteriores confirmaron la existencia de una deuda vigente en ese momento.
Actuaciones judiciales ordenadas
Para asegurar más pruebas, el juez autorizó el registro de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, 35 de Madrid, así como de las sedes de las sociedades Whathefav SL, Sofgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL, acciones que se llevaron a cabo el mismo día en el que se conoce el contenido del auto.
También ordena la incautación y análisis de los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, etc.) de María Gertrudis Alcázar Jiménez y de los encontrados en los registros. Calama deniega explícitamente el registro del domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero al no existir, por ahora, indicios suficientes que justifiquen una medida tan invasiva.
En resumen, el auto judicial dibuja una presunta organización criminal liderada por el expresidente Rodríguez Zapatero, dedicada a utilizar sus contactos e influencias para obtener decisiones favorables de la administración pública a cambio de contraprestaciones económicas, utilizando para ello una sofisticada estructura societaria para ocultar el flujo del dinero. De momento, Zapatero ha negado todas las acusaciones que plantea en su escrito Calama. Pero la polémica está servida.
