Coherencia y comprensión. Bajo estas premisas la Diputación vizcaina procederá a actualizar la normativa que desarrolla la regulación de la tasa de prestación de servicios de extinción de incendios y salvamento, que se remonta a noviembre de 1990, procediendo al cobro de los rescates solo en caso de negligencia flagrante. Esta modificación, que está prevista que pueda entrar en vigor antes de que concluya el presente año, eximirá a los ciudadanos del pago por la participación de los bomberos en emergencias como incendios en viviendas particulares, así como los forestales –de no mediar mala fe–, búsqueda y salvamento de animales, auxilio por derrumbamientos o en aquellas actuaciones, por ejemplo en accidentes viales, que hayan terminado con fallecidos, entre otros escenarios. “Se ha tratado de establecer racionalidad y empatía en la norma aún vigente porque en nuestro cometido una de las máximas de la emergencia y la protección civil reside en no agravar el daño, en ocasiones, a personas que están sometidas a un hecho traumático”, señala Pedro Luis Izaga, director general de Gestión de Emergencias y Protección Civil del ente foral. Aunque el desembolso de los afectados era prácticamente testimonial, y pese a que procediera hacerlo, los responsables institucionales, conscientes también de que eran obligaciones que generan “cierto malestar”, buscan dotar al servicio de proporcionalidad y absoluta disponibilidad.
De esta forma, cesa la obligatoriedad del pago de las tasas en fuegos en viviendas –en tanto que no todo el mundo puede contar con un seguro– y en los incendios urbanos –papeleras o contenedores que se han venido cobrando al ayuntamiento correspondiente–, además de en los forestales, aunque no se perdonará si se puede acreditar el dolo o la intencionalidad del mismo. Igualmente, quedarán fuera de la norma las aperturas de domicilio de aquellos que no responden a las llamadas o las intervenciones en incidentes de carretera u otro tipo de siniestros que acaben con muertos de por medio. A ello hay que unir la exención del pago en los procedimientos para evitar suicidios o en los arrollamientos de ferrocarril.
Por contra, sí que se seguirá cobrando cuando afecta a asistencias técnicas que las pueden realizar otros profesionales (saneamiento de una fachada, retirada de árboles, dotación de cisternas, elaboración de informes acreditativos o retenes preventivos, simulacros, fugas de gas...), cuando los incendios son provocados o cuando estos se han originado en hoteles, pabellones o negocios, o en viviendas de uso turístico. Los accidentes de tráfico no quedan en principio excluidos dado que los titulares de los vehículos deben estar inscritos en un seguro, aunque si hay decesos se opta por no agravar el estado emocional de los afectados, por lo que no tendrán que pagar. “Está claro que si alguien provoca un incendio en un contenedor, iremos a por él. Como a quien, con una alerta roja decretada por fuerte viento de 120 kilómetros hora, sube a un pico y la cosa acaba mal por una conducta negligente que, eso sí, habría luego que sustanciar –suele suponer el pago de 655 euros por la primera hora de intervención–”, ejemplifica Izaga.
Cálculo del cobro
A día de hoy, las tasas son simbólicas y corren a cargo de los beneficiarios de la intervención y, de forma solidaria, los respectivos seguros, quienes hayan provocado el siniestro o los propietarios del lugar, siendo gestionado desde la sección de Tributos Locales del Departamento foral de Hacienda y Finanzas. Cabe recordar que esta normativa no era modificada desde 2013, cuando se varió por la aparición de la plaga de la avispa velutina. También se cambiará el mecanismo de generar la tasa, sustituyendo el método en base a la localización de la incidencia y los medios empleados para, a partir de cuando se plasme la nueva norma, tener en consideración el tiempo real de intervención y la gravedad del hecho. “No cobramos por ir o no ir, o el tiempo que nos lleve llegar porque el suceso está alejado del parque de bomberos. Se calcula a partir de cuando empezamos a intervenir en ese punto, y se cobra la primera hora (sean 40 minutos o 50), y luego en base a una curva logarítmica que se reduce casi a la nada. Es decir, si la intervención dura ocho horas, no multiplicamos la primera hora por ocho, sino por 1,5 o 2”, explica. “Se va atemperando para evitar la discrecionalidad”, apunta Izaga. El ente foral recuerda además el valor de mercado de los medios empleados en rescates. Un camión auto-escalera para bomberos con un alcance de 42 metros puede costar alrededor de 1 millón de euros y una autobomba pesada, unos 400.000.
Con todo, los ingresos continuarán siendo ínfimos, sobre un 0,5% de media respecto al coste del servicio, que es de 37,6 millones al año. “Lo que cobramos es una anécdota. Vamos a cobrar parecido”, apostilla. Una vez que la norma se haya publicado en consulta pública previa, y a través del Portal de Transparencia se hayan hecho las aportaciones y apreciaciones que se deseen, los órganos de la Diputación Foral desarrollan un informe jurídico y otro económico. Después se eleva al Consejo de Gobierno y a Juntas Generales para su tramitación y posterior previsible aprobación.
La nueva norma foral implicará eximir de cualquier pago al menos al 17% de las salidas que realizan al año, unas 7.000, el 33% para desempeñar salvamentos. El número de intervenciones dibuja una curva ligeramente creciente pero “no es que haya mayor riesgo sino que la tolerancia al riesgo es menor”. “Se demanda un servicio de emergencia solvente. No todas las actuaciones son de emergencia. A veces son accidentes, otras ejercer de retén para un espectáculo de fuegos artificiales, o para una carga de mercancías peligrosas en el Puerto de Bilbao,... Además de que puede ser cambiante, el riesgo que aceptan las sociedades cada vez es menor y, eso sí, tampoco existe el riesgo cero”, destaca.
Valoración excelente
En el Estado español hay más de 130 servicios de bomberos, sin un criterio unificado en cuestión de tasas. “Igual alguien no las cobra pero invierte una cuarta parte por habitante de lo que lo hace Bizkaia”, subrayan desde el ente foral. Al margen de convenios con asociaciones de Protección Civil, y de actuar puntualmente en Gipuzkoa, Cantabria y Burgos, el servicio vizcaino es el mayor de los seis que existen en la CAV y está conformado por ocho parques: Derio, Iurreta y Markina Xemein, Ortuella, Zalla, Basauri, Arratzu y Artaza. Hace gala además de la respuesta de los afectados hasta la fecha por el cobro de esas tasas, ya que en las encuestas de valoración que tienen que elaborar han deparado en los últimos años una calificación sobresaliente. “Estamos por encima del 9. Quienes han tenido que recurrir a nosotros valoran de manera excelente el servicio de emergencias de Bizkaia. Nos movemos en parámetros de excelencia”, comenta Izaga, quien recalca que este avance en suprimir ese pago no obedece a esquivar las quejas que algunos ciudadanos puedan emitir en los medios de comunicación. Han sido aproximadamente dos años de trabajo lo que ha llevado proceder a rescatar esta regulación para conducirla a la modernidad.
La clave del éxito
La organización gestión de aspectos trascendentales
Como ocurre en otros órdenes de la vida, “si nos ponemos a comparar cómo era esto hace 20 o 30 años y cómo es ahora, no se parece en nada”, constata Pedro Luis Izaga, director general de Gestión de Emergencias y Protección Civil del ente foral, a la hora de referirse a la evolución del servicio, no solo en lo material y tecnológico, ya que la base principal del éxito reside en la “organización”. Es decir, antes se construía de manera piramidal (muchas personas en la base y apenas una o dos arriba) y actualmente, sin desde luego reducir la base, se cuenta con encargados de gestionar multitud de aspectos trascendentales, que “es lo que diferencia un resultado normal, bueno o excelente”. Se refiere a ámbitos como el tratamiento de las intervenciones; la política de compras; una formación exigente y diaria para obtener una actuación rápida, eficaz y eficiente; el compromiso con la sostenibilidad; que se tenga en cuenta la prevención de riesgos laborales; la aplicación de las tecnologías; el mantenimiento de equipos vitales como la protección respiratoria... “Damos una gran respuesta gracias a esta organización interna. Y podemos hacer más cosas que otros servicios que puedan existir en el Estado porque disponemos de mayor tamaño”, subraya respecto a un cuerpo formado por 440 funcionarios y 40 interinos. De hecho, Bizkaia puede lucir ser referente en este ámbito puesto que no en pocas ocasiones ejerce como espejo donde mirarse.
