Con la llegada del mal tiempo, sobre todo la lluvia, el riesgo de deslizamientos en las laderas y taludes que rodean las carreteras del territorio se acentúa. La estabilidad de estos terraplenes resulta fundamental para garantizar la seguridad y el funcionamiento de cada uno de los viales que discurren por Bizkaia. Por ello, el servicio de Conservación del departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación tiene establecido un completo programa de control sobre los 1.172 taludes que tiene inventariados y en los que, en los últimos nueve años, ha invertido más de 10,5 millones de euros para mejorar su estabilidad.

Bizkaia, por sus características geológicas, topográficas y meteorológicas, es un territorio en el que hay que tener un especial cuidado a la hora de desarrollar las labores de mantenimiento de los taludes, las paredes, más o menos verticales, que se sitúan en los márgenes de algunas carreteras. Al presentar un relieve muy irregular, en muchos casos con pendientes importantes, y estar constituido principalmente por materiales tipo flysch y suelos de espesores variables, es una zona susceptible de sufrir inestabilidades.

Por ello, desde la Diputación se lleva a cabo una labor continuada para analizar, diagnosticar y actuar para garantizar que no se producen deslizamientos en estas zonas. La herramienta primordial, la más básica e importante, es un inventario en el que están recogidos los 1.172 taludes que existen en el territorio y que discurren a lo largo de 233,369 kilómetros. De ellos, 602 y 135 kilómetros si sitúan en viales de la red preferente y básica, y 570 y casi 98, a la red comarcal y local.

Este inventario está conformado por una ficha de cada uno de los taludes, recopilando toda la información de campo y en las que figuran, entre otros datos, la geometría, las características geológicas –si es suelo o roca, litología, morfología, fracturación...–, hidrología, inestabilidades observadas y/o potenciales o la existencia de sostenimientos ejecutados.

En base a la información contenida en estas fichas y de otra serie de datos, como son el tipo de vía, la intensidad media de vehículos que circulan a diario por ella o la visibilidad disponible, se establece un índice con el que se mide el riesgo potencial existente en cada uno de los taludes.

Cada seis meses los técnicos realizan inspecciones a todos los taludes inventariados, actualizan los datos recogidos y calculan el nivel de riesgo potencial en el que se encuentra cada talud. De esta forma, en cada talud se realizan dos inspecciones al año, para comprobar su estado y actualizar los datos contenidos en las fichas del inventario, reflejando las variaciones que se han podido registrar desde la inspección anterior. Estas inspecciones, además, sirven para recalcular el nivel de riesgo en el que se encuentra el talud y, en base a él, programar las actuaciones necesarias en cada uno de ellos.

Y es que, cuando un talud presenta un nivel de riesgo alto o medio, las actuaciones sobre él se intensifican. En este caso, se lleva a cabo una inspección exhaustiva con el objetivo de establecer, en función del factor de seguridad y del nivel de riesgo, qué taludes o zonas concretas de los mismos necesitan una actuación a corto plazo, cuáles a medio y cuáles a largo plazo. En los últimos nueve años, en este sentido, se han inspeccionado de forma exhaustiva 431 taludes, con una longitud analizada de 105,4 kilómetros. Como consecuencia de este seguimiento, se ha logrado identificar 123 taludes en los que había que actuar a corto plazo, a lo largo de sus 14,9 kilómetros.

Labor preventiva

Todos estos procesos, junto a los trabajos de inspección sistemática que se realiza con las inspecciones rutinarias, permiten tener un mejor conocimiento de los taludes para actuar sobre estos de forma preventiva, adelantándose a los posibles deslizamientos que pudieran ocurrir. Sin embargo, desde el departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial también se advierte de que, aunque se trabaja en la reducción de la probabilidad de que ocurran estos fenómenos de inestabilidad y desprendimientos, no es posible alcanzar el riesgo 0, debido a la heterogeneidad del terreno y el acceso limitado a la información del sustrato rocoso, con lo que también hay que disponer de recursos en los trabajos correctivos de reposición de la vialidad y la disponibilidad de uso de las carreteras forales cuando esos sucesos ocurren.

En los últimos nueve años se han ejecutado obras de estabilización por valor de 10,6 millones de euros, unas inversiones que se han incrementado de forma notable en los últimos años. Así, los ejercicios en los que se han llevado a cabo trabajos más importantes han sido los de 2015 –cuando se presupuestaron hasta 2,2 millones de euros–, 2011 –con 1,3 millones– y 2022 –con 3,4 millones de euros–. Sin embargo, ningún año se han realizado trabajos por menos de medio millón de euros.

Por áreas de conservación, 1,5 millones de euros se han destinado a mejorar la seguridad de taludes del área I, la zona entre Sopela y Bermeo, desde el corredor del Txorierri; 3,1 millones en la II, que va de Bermeo a Ondarroa, hasta el sur del territorio; 1,1 en el III, al oeste de Bizkaia, y 4,5 en el área metropolitana.