El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, ha emitido la resolución 2025R-1404-25 en la que reprende al Ayuntamiento de Bilbao por no entregar íntegramente la documentación del contrato del mapa de ruido de ocio de 2023 a la asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna. La institución insta al consistorio a cumplir de forma efectiva la resolución de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública (CVAIP) y advierte de que su comportamiento mina la confianza ciudadana en la transparencia institucional.

La asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna presentó en noviembre de 2024 una solicitud de acceso al expediente completo del contrato para elaborar el mapa de ruido del ocio nocturno de Bilbao. Pidió actas de inicio y recepción, entregas parciales, facturas, liquidación del contrato y el estudio final en formato reutilizable.

El Ayuntamiento alargó plazos y no respondió en tiempo, lo que obligó a la asociación a reclamar ante la CVAIP, órgano independiente que en enero de 2025 dictó la Resolución 12/2025, reconociendo el derecho de acceso en todos sus términos. La Comisión recordó que los documentos solicitados por la asociación son información pública.

La calle Uribitarte donde se ubican locales de ocio nocturno Oskar González

La CVAIP fue tajante: el Ayuntamiento debía facilitar en un plazo de diez días hábiles todas las actas, facturas y documentación contable, además del estudio final y las entregas parciales.

Pese al mandato, el Ayuntamiento se limitó a entregar parte de la documentación y a convocar a la asociación a una consulta presencial del expediente en las dependencias de Movilidad y Sostenibilidad. Allí pudieron examinarlo pero se les negó la entrega de copias, incluso en papel, de las facturas y documentación contable, con el argumento pretexto de que su contenido podía afectar a “derechos de terceros”.

El consistorio alegó además que la resolución de la CVAIP era “excesivamente amplia” y que bastaba con permitir una vista presencial y que la asociación tomara notas, cuando la LTBG (art. 22) establece que el acceso debe darse en el formato elegido por la persona solicitante, con preferencia por medios electrónicos.

El Ararteko recuerda también al Consistorio que la Ley obliga a tramitar los expedientes en formato electrónico y que, en materia de contratación pública, la gestión digital de actas, facturas y pagos es obligatoria. Restringir el acceso a consultas presenciales resulta, por tanto, contrario a derecho.

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El Ararteko formula tres recomendaciones claras al Ayuntamiento de Bilbao: cumplir íntegramente la Resolución 12/2025 de la CVAIP, entregando copias de los documentos aún pendientes; tramitar en adelante todas las solicitudes de acceso conforme a la LTBG, dictando resoluciones motivadas y respetando los plazos; y colaborar activamente con la CVAIP, en cumplimiento de la Ley que obliga a la cooperación entre administraciones.

El defensor del pueblo vasco advierte de que incumplir las resoluciones de la CVAIP, aunque no sean ejecutivas, supone un grave retroceso democrático: “La falta de respuesta o de cumplimiento fomenta la desconfianza hacia la administración y debilita los canales de participación y control ciudadano”.