Uno de cada tres ayuntamientos de municipios que cuentan con policía local no están integrados en el sistema policial VioGén, 428 de las 1.250 entidades locales de más de 5.000 habitantes.
Así lo ha indicado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir el comité de crisis en el que se van a analizar los feminicidios perpetrados en noviembre y diciembre de 2025.
Sistema VioGén
Redondo ha precisado que 822 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes forman parte de VioGén y 428 aún no se han integrado (el 34 %) y ha hecho un llamamiento a esos municipios y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que aumente esa cifra.
Cuando un consistorio ingresa en VioGén asume competencias y obligaciones en la protección de víctimas de violencia machista y, para poder hacerlo, se le transfieren desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género unos recursos económicos que van en función del grado de responsabilidad asumido.
Al firmar el acuerdo con un ayuntamiento, se establece qué tipo de colaboración se asume en la protección de las víctimas. Es decir, se reparte el trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y el consistorio -su policía local y sus funcionarios-. Y se fija el porcentaje de casos que cada uno puede controlar.
No todos los ayuntamientos que están presentes en el sistema disponen de policía local, pero pueden ofrecer funcionarios para asistir a las víctimas: por ejemplo, para acompañarlas a interponer una denuncia, para cuidar de sus hijos mientras lo hace, etcétera.
El hecho de que una localidad no esté presente en VioGén no implica que las víctimas de violencia de género de ese territorio estén desprotegidas, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil asumen su protección con independencia de la participación del ayuntamiento.
El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.
En él están integrados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Foral de Navarra, la Fiscalía y los sistemas judicial y penitenciario.
