Representantes vecinales de 15 comunidades piden la eliminación del amianto antes de 2032

Representantes de vecinos de quince comunidades autónomas han pedido este sábado la promulgación de una Ley Integral del Amianto, que favorezca la eliminación de este material altamente tóxico de los barrios del Estado antes de 2032, como determina la Unión Europea (UE).

Unos doscientos dirigentes vecinales y representantes de la administración pública se han reunido este sábado en Sabadell (Barcelona) en la IV Convención Estatal sobre el Amianto, organizada por sindicatos, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y la confederación catalana de entidades vecinales CONFAVC.

Un comunicado de los organizadores informa de que los asistentes han recordado que, cada año, mueren en el Estado español entre 1.500 y 2.000 personas por su exposición al fibrocemento, prohibido en el país desde 2002.

"Grandes" dificultades

Los dirigentes vecinales han lamentado "las grandes dificultades" que observan para "'desamiantar' los barrios", como la dificultad para detectarlo, los protocolos de retirada, los depósitos de los residuos "y las grandes inversiones económicas que comportan estas operaciones, además de la demanda de profesionales técnicos que en estos momentos no hay".

Por ello, han pedido la promulgación de la Ley Integral del Amianto, que con una visión transversal "genere políticas coordinadas no fragmentadas e incluya todos los elementos y las fases implicadas en el círculo de la gestión del amianto y su impacto en la salud".

Urgen a las administraciones a actuar ante el fibrocemento

En este sentido, recuerdan que las competencias en materia de sanidad las ostentan las comunidades autónomas, a las que han pedido que elaboren sus propios planes de eliminación, como ha hecho Catalunya, puntualizan.

Reclaman, además, que las administraciones autonómicas, el Gobierno central y la Unión Europea "contribuyan de manera coordinada con fondos económicos" a la eliminación del amianto, ya sea con subvenciones directas como créditos sin intereses u otras estrategias para que "desamiantar no represente una carga adicional para la ciudadanía".

A los ayuntamientos les piden que aceleren la elaboración de un censo de amianto y que prioricen su eliminación, lo que no se podrá hacer, aseveran, sin la aportación de las diputaciones provinciales. Según los organizadores de la convención, en la Unión Europea se registrarán hasta 2030 medio millón de casos de cáncer causados por la exposición al amianto.