La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, afirmó que el porcentaje de supuestos casos de fraude en la RGI "es ínfimo" en Euskadi, ya que, de los 50.000 perceptores de estas ayudas en 2022, solo 224 son sospechosos de ser fraudulentos, lo que supondría un 0,45%. Además, instó a los grupos parlamentarios a tramitar la nueva Ley de Renta de Garantía de Ingresos en la Cámara vasca "con la máxima celeridad" para ponerla en marcha cuanto antes, ya que prevé mayores controles.
Mendia se refirió, de esta forma, al operativo de la Policía en el que detuvo a un total de 23 personas de una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
La consejera valoró el trabajo policial y recordó que le ha costado diez años "desentrañar" esta trama, "lo que quiere decir que no era fácil". Además, recordó que se utilizaba "un mecanismo ideado para que Lanbide no pudiera detectarlo", y que "engañaba" al Servicio Vasco de Empleo "con mucha habilidad".
A su juicio, lo que ha quedado en evidencia también con esta operación es que Extranjería "también tiene que controlar los pasaportes y que otros servicios también han sido engañados", porque, al final, Lanbide "es el repositorio, el lugar al que vienen con documentación falseada y, por lo tanto, con un delito de falsedad documental o con un delito cometido también contra alguna otra institución".
"Lanbide no es una comisaría"
Tras subrayar que los delincuentes siempre tratan de que no se les detecte, destacó que Lanbide "no es una comisaría de Policía", sino "un servicio público de empleo que también gestiona prestaciones al mismo tiempo".
"No somos la Policía ni ningún servicio de inspección policial. Nosotros lo que hacemos es colaborar con la Policía siempre que nos lo pide. Estamos mejorando el conducto interno para que los trabajadores puedan transmitir sus sospechas hacia la Dirección y que, luego, esta pueda tomar medidas", añadió.
La consejera destacó que cada funcionario, tal como está recogido en la ley y en el Código Ético de los trabajadores públicos, "si tiene conocimiento de que se pudiera estar cometiendo un delito, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento". "Luego, eso es algo que se hace en las oficinas de Lanbide y se hace por parte de sus trabajadores", indicó.
Idoia Mendia pidió, además, que no se confunda un procedimiento administrativo de un fraude, porque "hay irregularidades y hay hechos fraudulentos". En todo caso, precisó que lo que se quiere hacer con la nueva Ley de RGI es mejorar los mecanismos de control que tiene actualmente Lanbide, "haciendo revisiones trimestrales, generando una unidad de inspección, y apostando por la inteligencia artificial, como se hace en otros modelos de inspección".
La vicelehendakari apostó, asimismo, por "mejorar la interoperabilidad entre administraciones para tener a disposición el máximo de información posible en tiempo real". "En todo eso estamos trabajando, está en la nueva ley, y por eso yo he invitado a los grupos parlamentarios a que tramiten esta ley con la máxima celeridad para poder tenerla en marcha en el menor tiempo posible", dijo.
El apunte
Laura Garrido. La parlamentaria de PP+C's Laura Garrido denunció ayer que la trama detectada para obtener cobros fraudulentos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) evidencia que los controles de Lanbide sobre estas prestaciones son "casi inexistentes", y lamentó que el Gobierno vasco se limite a "minimizar" el problema. El presidente del grupo PP+C's, Carlos Iturgaiz, preguntará sobre este tema al lehendakari, Iñigo Urkullu, en el próximo pleno de control.
