El Gobierno Vasco está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley en el que se recojan nuevas fórmulas de cooperación ya que los desafíos a los que se enfrenta esta actividad han cambiado en los últimos tiempos.

El programa de Gobierno del Ejecutivo de Iñigo Urkullu recoge el compromiso de elaborar y aprobar una nueva ley vasca de cooperación para el desarrollo que revise y amplíe el alcance de la actual, de acuerdo con los desafíos que plantea el contexto global.

El proceso comenzó en enero con un análisis sobre la ley vigente y posteriormente se han ido desarrollando "espacios de contraste" con diversos agentes como administraciones públicas vascas y estatales, oenegés, centros de estudio y tecnológicos, organizaciones feministas y LGTBI+, asociaciones de personas migradas, agencias de Naciones Unidas y agentes educativos.

En 2007, el Parlamento Vasco aprobó la actual Ley de Cooperación para el Desarrollo que ha servido como paraguas legal a la solidaridad y cooperación vasca a favor de la justicia social y el desarrollo de los pueblos empobrecidos.

Sin embargo, los desafíos a los que se enfrenta la cooperación han cambiado "significativamente", según Paul Ortega, director de eLankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. "Nos encontramos ante un contexto global de crisis sistémica, interdependiente y complejo que apela a nuevas formas de hacer cooperación", ha explicado.

De esta manera, con la nueva ley "se buscar reforzar el compromiso solidario de Euskadi mediante una sociedad organizada y activa, consolidar la implicación de las instituciones públicas a favor del desarrollo humano sostenible e implicar a diversos agentes impulsando alianzas entre ellos".

El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo es un órgano consultivo que reúne al Gobierno Vasco, instituciones vascas, oenegés, redes de organizaciones sociales, universidades y centros tecnológicos.

Tras esta fase de contrastes y la correspondiente tramitación, el anteproyecto de ley será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento.