Euskadi pone en marcha las primeras medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de eutanasia

La consejera de Salud destaca que la muerte digna "es un derecho y no una obligación"

16.04.2021 | 17:21
Un familiar agarrando la mano de un paciente enfermo.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado que el Gobierno vasco está llevando a cabo "todas las actuaciones necesarias" para garantizar el cumplimiento en Euskadi de la ley estatal que regula el derecho a la eutanasia.

Sagardui ha subrayado este viernes, en una intervención en el pleno de control del Parlamento Vasco, que la eutanasia "es un derecho y no una obligación".

La consejera ha afirmado que la ley es "un ejemplo de empatía legislativa" con unas personas a las que "no se debe añadir más sufrimiento".

Además, subrayado que la norma que es "muy garantista" en sus procedimientos, al defender los derechos y voluntades de todas las personas, "tanto de quienes aspiran a la muerte asistida, como de los profesionales sanitarios que se oponen a la realización consciente de estas prácticas".

Activa desde el 25 de junio

La ley entrará en vigor el 25 de junio de 2021, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y el Departamento de Salud ya ha iniciado el proceso para su activación.

Las actuaciones previstas para garantizar el cumplimiento de la ley en Euskadi incluyen, tal y como se establece en la propia norma, la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación.

Además, también de acuerdo a lo recogido en el texto, se desarrollarán actuaciones de sensibilización e información pedagógica para personas solicitantes de eutanasia y para profesionales que deben prestarles servicio.

Registro de objeción de conciencia

Con el apoyo de los Comités de Etica Asistencial, se prestará al personal sanitario y a los colegios profesionales de medicina y de enfermería la información sobre la Ley desde los puntos de vista técnico, ético y jurídico.

También se prevén otras actuaciones derivadas de la aplicación de la ley, como los cambios en la historia clínica electrónica para garantizar la confidencialidad de los registros y facilitar la labor del personal médico responsable y consultor, o la formalización de un registro para la objeción de conciencia.

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