El Gobierno vasco descarta el estado de alarma aunque Urkullu tendría potestad para gestionarlo

El informe de los servicios jurídicos señala que su aprobación en Madrid no conlleva la centralización de la competencia

13.10.2020 | 13:30
Bingen Zupiria, portavoz del Ejecutivo vasco, tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

Iñigo Urkullu tendría toda la potestad para aplicar y gestionar un hipotético estado de alarma como autoridad autonómica delegada en la CAV, aunque no es algo que, a fecha de hoy, se contemple desde Lakua. Así se recoge en las conclusiones preliminares del borrador del informe que el Gobierno vasco encargó a sus servicios jurídicos el día en que Moncloa implantó esta figura jurídica en la Comunidad de Madrid para combatir la pandemia ante la pasividad de su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aunque el estudio aún no se encuentra concluido, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, señaló la conveniencia de que, en materia de medidas preventivas frente al coronavirus, las decisiones que se adopten deberían contar con "la mayor seguridad jurídica posible". Un extremo especialmente relevante si se tiene en cuenta que posiciones adoptadas con criterios muy similares por distintos gobiernos autonómicos han tenido como réplica "contestaciones diferentes" por parte de los tribunales superiores de justicia de sus respectivas comunidades, tal y como ha acontecido recientemente en Aragón y Castilla y León en comparación con el pronunciamiento del TSJ de Madrid, que revirtió la orden de cierre decretada por Sanidad.

De esta forma, según los servicios jurídicos de Lakua, las medidas que se tomen en este contexto desde Euskadi han de contar con "el imprescindible aval sanitario y científico", así como con la "ratificación" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Este es, recordó Zupiria, el procedimiento que ha seguido el Gobierno de Urkullu con las medidas aprobadas para responder a la crisis sanitaria desde el pasado agosto. Las disposiciones excepcionales aprobadas el 19 de ese mes contaron, antes de ser publicadas, con la "aprobación" del TSJPV, ratificación que se produjo en una respuesta de la Sala de lo Contencioso Administrativo a una consulta previa planteada por el Ejecutivo a este tribunal, además de contar con la coordinación y comunicación "permanente" con las instituciones estatales, forales y municipales,

El informe no entra a valorar si la declaración del estado de alarma era una prioridad en la Comunidad de Madrid pero deja claro que su aprobación en dicho territorio no significa una recentralización de la competencia. Es decir, el Gobierno vasco podría manejarlo –otra cosa es decretarlo– sin depender del Gabinete de Pedro Sánchez, y desde el Ejecutivo vasco puntualizaron que Euskadi se halla ya, actualmente, bajo la declaración de emergencia sanitaria. A fin de cuentas, en una línea semejante a lo anunciado por Moncloa hace un par de meses, este informe establece que la ley orgánica que regula este asunto hace "posible" delegar la aplicación (gestión) del estado de alarma "en la autoridad delegada correspondiente", que en este caso pueden ser el lehendakari o la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. "El informe considera que el Departamento de Salud debe actuar como autoridad sanitaria que debe promover medidas fundadas en la evidencia científica y sanitaria, y que han de ser sometidas a ratificación judicial para actuar con seguridad en defensa de la salud pública", razonó Zupiria.


PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN


Con todo, quiso zanjar que en las actuales circunstancias "no se contempla" pedir "el establecimiento de un estado de alarma en Euskadi"; e insistió en que, en función de cuál sea la evolución del coronavirus, se optará por mantener las medidas actuales o, en su caso, por endurecerlas o suavizarlas. Por ahora no se producirá ningún cambio porque el escenario "es el mismo que el de la semana pasada", si bien el nivel de contagios continúa "muy alto", por lo que hay que permanecer "pendientes" de la evolución en la CAV y en su entorno, en alusión a Nafarroa, con quien existe un contacto permanente con el objetivo de mantener un flujo de información detallada entre ambas Administraciones, a las que la derecha española tiene en su punto de mira para tratar de defender la gestión de Ayuso y erigirla en un ariete contra PSOE y Unidas Podemos.

De ahí que el propio Urkullu tuviera que salir a desmentir los datos "falsos" aportados respecto a Euskadi por el presidente del PP, Pablo Casado. Y hasta la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, tuvo que recordar que, a diferencia de lo sucedido en Madrid, "nadie ha tenido" que ir a Nafarroa a imponer medidas porque el Gobierno navarro se ha bastado para fijarlas. "Nadie se esperaba la situación que está viviendo ahora Navarra. Nadie sabe cómo se van a desarrollar los contagios en otros ámbitos, tampoco en el nuestro, y eso exige colaboración permanente para contrastar y, en la medida de lo posible, coordinar decisiones", manifestó Zupiria. Interpelado sobre si el Ejecutivo vasco teme que en Euskadi pueda ocurrir lo mismo que en Madrid y se produzca una situación que desemboque en un estado de alarma decretado unilateralmente por Moncloa, el portavoz apuntó: "No le voy a dar ese titular".


MARCANDO TERRENO


Lo cierto es que Euskadi trata de poner en valor sus propias capacidades para encarar la crisis sanitaria, desmarcándose, como en este caso con informes en su poder, de cualquier atisbo de recentralización. El Gobierno vasco marca terreno para ejercer sus propias competencias, sin que ello implique rechazar la coordinación con el resto de ejecutivos. Ocurrió, sin ir más lejos, con el último Consejo Interterritorial de Sanidad entre las comunidades autónomas y el Gobierno español, que decidió crear un grupo de trabajo para definir las líneas de una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia, y lo hizo con el desmarque de la consejería vasca de Salud, que respeta la iniciativa pero observaba señales de recentralización, como en las conferencias de presidentes.

El Ejecutivo vasco ya había tomado la decisión de activar su propia evaluación recurriendo a un grupo de independientes sin atisbo de duda sobre su prestigio o imparcialidad para realizar este examen, que al fin y al cabo afecta a la gestión del sistema de salud, y Euskadi tiene el suyo propio, Osakidetza. Ahora, a raíz del estado de alarma decretado para la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Urkullu ha encontrado en los informes de sus servicios jurídicos la forma de subrayar que, en el supuesto de ser necesaria la alerta, se bastaría legalmente para gestionarla.