GASTEIZ. El pleno de la Cámara autonómica ha aprobado la toma en consideración de esta proposición de ley, registrada por el PNV y el PSE-EE, con el voto en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
A partir de ahora, el texto iniciará el proceso de tramitación parlamentaria, en el que los grupos podrán modificar, a través de enmiendas, los contenidos de la propuesta original presentada por 'jeltzales' y socialistas.
La proposición de ley fija en 659,75 euros la renta máxima garantizada de la RGI para una unidad de convivencia, unos 15 euros más que en la actualidad. Los complementos serán mayores si en la unidad convivencial hay menores en riesgo de exclusión, en el caso de familias monoparentales, discapacidad o cuando haya víctimas de maltrato en el ámbito familiar.
Junto a la Renta de Garantía de Ingresos, se plantea la creación de la Renta Garantizada para Pensionistas, dirigida a aquellos pensionistas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus necesidades básicas. La renta máxima para este colectivo se establece en 784 euros, unos 55 euros más que lo que perciben con el actual sistema.
Además, se establece un nuevo criterio para actualizar anualmente la cuantía de la prestación, que ya no estará referenciada al Salario Mínimo Interprofesional (SIM), sino al denominado Indicador de Gastos Mínimos Comunes en Euskadi.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
Con carácter general, la propuesta establece una única prestación por unidad de convivencia. Sin embargo, el texto indica que "aun cuando se resida junto a otras personas en un mismo domicilio, podrán coexistir unidades de convivencia diferenciadas entre sí cuando se reconozca la existencia de alguna unidad de convivencia excepcional".
Podrán tener consideración de unidades de convivencia excepcionales las víctimas de maltrato en el ámbito familiar, objeto de desahucio, separación o divorcio, entre otros casos.
Además, la disposición adicional séptima de la reforma recoge el uso de la huella digital como sistema de identificación de los perceptores de la RGI. Este apartado de la iniciativa indica que "Lanbide utilizará sistemas biométricos para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y/o beneficiarias de sus prestaciones, atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de protección de datos".
En el transcurso del debate, la parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha defendido el papel determinante de la RGI para garantizar la cohesión y evitar la exclusión social en Euskadi, aunque ha reconocido que es necesario reformar el sistema actual para resolver "ciertas disfunciones".
Además, ha subrayado que esta es una reforma que requiere del "máximo consenso" y de un "debate sosegado", y ha lamentado que EH Bildu y Elkarrekin Podemos rechacen iniciar el debate sobre una propuesta que incluye importantes "mejoras".
Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha invitado a la oposición a alcanzar un acuerdo en torno a esta ley, con el fin de reforzar la "cohesión social" de Euskadi. La reforma del sistema de la RGI -ha asegurado- pretende garantizar que reciban esta ayuda todas las personas que la necesitan, mientras se establecen medidas para evitar que quienes no la necesitan puedan llevarse "ni un solo euro" de esta prestación.
"ESTIGMATIZACION"
Desde las filas de EH Bildu, Nerea Kortajarena ha afirmado que esta reforma tiene algunos elementos positivos, aunque presenta "más sombras que luces". Además, ha criticado que solo se pueda percibir una perstación por unidad convivencial y que se ponga "el foco" en el control y se "estigmatice" a los perceptores, algo con lo que -según ha denunciado- el PNV y el PP se han acercado al "discurso xenófobo" del PP, algo que resulta "inadmisible".
Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos) ha denunciado que la única cuantía "segura" que garantiza esta reforma para los perceptores de la RGI es de 455 euros, dado que los complementos previstos para incrementar esa suma de referencia son "de quita y pon". Además, tras recordar que el fraude en la percepción de estas ayudas apenas supone un uno por ciento, ha denunciado que con medidas como la huella digital través de esta ley se pretenda "criminalizar" a quienes reciben la RGI.
La parlamentaria del PP Laura Garrido ha explicado que su grupo se ha abstenido en la votación porque la propuesta del PNV y el PSE es "imprecisa e insuficiente". Además, ha pedido al PNV y al PSE que decidan con quién quieren acordar esta reforma, dado que el modelo de protección social que defiende el Partido Popular "no tiene nada que ver" con el que plantean EH Bildu y E-podemos. Garrido ha reclamado un sistema de ayudas "justo" y orientado a la "empleabilidad"
