El fiscal recurrirá el archivo de los casos de los niños robados

Pese a ello, los "intereses sociales y los derechos fundamentales y humanos concernidos es tal, que la orden que ha dado la Fiscalía General del Estado y están siguiendo todas las fiscalías es extremar la investigación". Eso sí, puso de relieve las dificultades derivadas de pruebas de ADN u otras que resultan "imposibles de admitir" y precisó que, en estos casos, queda abierta la posibilidad de cerrar tales procesos.

"En cuanto a la investigación, la orden tajante y absoluta es la persecución de los hechos para el esclarecimiento de la verdad sin utilizar formalismos ni atajos de ningún tipo", expuso Torres-Dulce, para recalcar que siempre que el fiscal detecta una decisión de archivo "no correcta", recurre y así seguirá haciendo.

Además, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011, Torres-Dulce quiso poner de manifiesto la necesidad de afrontar algunas reformas que permitan enterrar la imagen de lentitud de la Justicia española, una de sus "obsesiones", según reconoció. Y en esas reformas para hacerla más rápida, quiso involucrar a jueces y fiscales, a los que pidió una disposición que acompañe a las medidas de naturaleza procesal y a los medios tecnológicos y materiales necesarios. Sus opiniones ya se las ha expresado al ministro de Justicia, pero Torres-Dulce quiso exponerlas ante los senadores, a quienes planteó la necesidad de ampliar los proceso rápidos, lo que se conoce como "el juez del mazo".

Para ello, hay que "desjudicializar" las faltas, que dan lugar a 800.000 juicios, de los que 350.000 requieren la presencia de un fiscal, y potenciar la conformidad y la mediación. Juzgados y fiscalías, señaló, funcionando las 24 horas del día atendiendo a hechos delictivos flagrantes y semiflagrantes que no necesitan instrucción. Con las medidas que propone se solucionaría no menos que el 60% de los asuntos del proceso penal, aventuró Torres-Dulce, para quien el modelo español de tramitación judicial de las faltas es "insoportable" y único en el mundo. Además, se preguntó por qué en España existe la tendencia a penalizar conductas de naturaleza administrativa y a que retornen a la Justicia los casos ya solucionados por la vía administrativa.

25 reformas del código penal "No podemos resolver conflictos sociales solo con el Código Penal", subrayó el fiscal antes de recordar que esta norma ha sufrido desde 1995 un total de 25 modificaciones, algunas de ellas en sentido contradictorio.

El fiscal general del Estado cree también que otro de los problemas de la Justicia es el "agujero negro" en lo civil y en lo penal de la ejecución de las sentencias. "No se consigue nada si nos eternizamos en las ejecuciones", apostilló. Una constatación que le ha llevado a pedir un "mayor cuidado" de la fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las inspecciones sobre las ejecuciones de los fallos de los tribunales.

Recordó, asimismo, su petición al Ministerio de Justicia de más medios personales y dejó claro que no aceptará un Código Procesal Penal -que sustituirá a la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que no implique la adscripción al Ministerio Fiscal de unidades de Policía Judicial y de gestores tributarios.

La credibilidad de la fiscalía, resaltó, se juega mucho en los procesos de corrupción y, por eso, necesita más medidos que eviten llegar al "colapso". "Tenemos bastantes instrumentos para combatir la corrupción, pero es tal la acumulación de casos, sobre todo, del sector financiero, y son tan complejos, que creo que un incremento de los medios es necesario a fin de acortar los procesos", explicó.

Se refirió también a otras cuestiones, como la futura sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que la fiscalía "acatará" sea cual sea su sentido.