Los militantes de la izquierda abertzale detenidos en 2011 en Nafarroa por pertenecer a Ekin y que denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil presentaron el miércoles un escrito para instar al entonces juez instructor de los hechos, Fernando Grande-Marlaska, y hoy ministro del Interior, a que diga si conocía esas prácticas.
Lo hicieron justo después de que el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España por no investigar los malos tratos denunciados en 2011 por uno de los miembros de Ekin detenidos, en concreto Iñigo González, cuando estuvo detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil.
Estos cinco militantes se desplazaron el miércoles a Madrid para entregar en el Ministerio del Interior una carta a su titular en la que le preguntan si en su momento era conocedor del "trato cruel, inhumano y degradante" que estaba sufriendo Iñigo González, presente en el acto.
Todos ellos fueron juzgados por el denominado caso Aztnugal nombre recibido por un mural pintado en Burlada contra la tortura en apoyo a los detenidos, y se enfrentaban a 10 años de cárcel por su pertenencia a Ekin.
Finalmente, fueron condenados a 2 años de prisión tras llegar a un acuerdo con el fiscal y comprometerse a renunciar a la violencia y reconocer su participación en el aparato político de ETA.
A las puertas del Ministerio del Interior, Gorka Mayo, uno de los cinco detenidos, manifestó a los periodistas que hace 10 años él y sus compañeros fueron detenidos, incomunicados y "torturados salvajemente". De esta causa, subrayan, se han derivado tres sentencias del tribunal de Estrasburgo y un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que también han querido entregar al ministro porque entienden que o bien Marlaska era conocedor de los hechos o "sería un incompetente, ya que recae sobre el juez instructor la función de garantizar la seguridad física y psicológica en comisaria".
