El Gobierno español ha ordenado el traslado de cinco presos de ETA a prisiones más cercanas a su entorno familiar tras aceptar estos la legalidad penitenciaria y encontrarse en segundo grado. Dos de ellos han sido condenados por delitos de sangre y los otros tres por pertenencia a banda armada, colaboración o tenencia de armas y explosivos. Uno de los cinco acercados terminará su condena en la cárcel de Basauri, mientras que los otros lo harán en provincias limítrofes o cercanas a Euskadi.
El bilbaino Unai Fano Aldasoro pasará de la cárcel de Soria a la de Basauri. Se trata de un etarra que ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y cumple una condena de 20 años por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos o de armas, robo y hurto. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023. De él señala Instituciones Penitenciarias que "acepta la legalidad penitenciaria y ha reconocido por escrito el dolor causado".
Los otros cuatro serán trasladados a las prisiones de El Dueso (Cantabria), Valladolid y Dueñas (Palencia). Lierni Armendariz y Jesús Arcauz cumplen condenas de 30 años por asesinatos y atentados frustrados y progresan a segundo grado penitenciario. Arcauz lleva en prisión desde hace 23 años y cumplió las tres cuartas partes de la condena en octubre de 2015, mientras que Armendariz acumula 19 años entre rejas y alcanzará los tres cuartos de condena en 2023. Por último Juan Carlos Herrador y Gorka Loran cumplen condenas cercanas a los 20 años por colaboración y tentativa de homicidio. Los dos serán progresados a segundo grado tras aceptar la legalidad penitenciaria.
Con estos traslados, la cifra total de presos de ETA acercados a prisiones de provincias que lindan con Euskadi, y en algunos pocos casos a cárceles vascas, supera ya los sesenta, de los que una docena cumplen condenas de asesinato o tentativa.
El número actual de presos de ETA en las cárceles del Estado español es de 193, al margen de los dos reclusos que cumplen condena en casa. A estos hay que añadir al menos siete que no figuran en los listados de la izquierda abertzale: seis cercanos a la disidencia de ATA y uno de la vía Nanclares.
Los sindicatos ELA, LAB, UGT, y otras centrales minoritarias reclamaron ayer en Bilbao que se acabe con la actual política penitenciaria "de excepción" que se aplica a los presos de ETA. Las centrales se han adherido a la iniciativa Izan Bidea que reanudó frente de la Delegación del Gobierno sus movilizaciones para pedir el fin de la dispersión.
