El fiscal pide al TS que eleve las penas del 'caso De Miguel'

Cree que hay base para sumar a los condenados el delito de coacciones, del que fueron absueltos

21.01.2020 | 06:26

bilbao - Las condenas del caso De Miguel, que se saldó con penas de 13 años y 3 meses de prisión para el ex diputado foral Alfredo de Miguel, y de siete y seis años para los exdirigentes del PNV Koldo Otxandiano y Aitor Telleria, no dejaron con buen sabor de boca a la Fiscalía alavesa, que busca ahora que dichas condenas se incrementen, para lo que mira al Tribunal Supremo.

En esta línea, el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha decidido reclamar a la Fiscalía del Supremo que interponga un recursos de casación para intentar elevar las penas a los principales condenados en el proceso judicial, que se prolongó durante una década y cuyo veredicto fue dado a conocer el pasado 17 de diciembre, cuando los tres principales responsables de la trama recibieron penas por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, entre otros.

Sin embargo, fueron absueltos por delitos de coacciones. Es en este último punto en el que se basa el fiscal en su reclamación al Supremo, ya que considera que hay base suficiente para condenarles también por este aspecto. Estas supuestas coacciones fueron esgrimidas por Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que en 2009 dio origen al caso al denunciar ante la Fiscalía que Alfredo De Miguel le había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.

Junto con De Miguel, Otxandiano y Tellería fueron absueltos de este delito Sergio Fernández Oleaga, administrador de una empresa que pagó una comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico; el gerente de este Parque entre 2006 y 2009, Alfonso Arriola, y el presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi entre 2005 y 2009, Julián Sánchez-Alegría.

Fernández Oleaga sí fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de cohecho activo y de falsedad en documento privado; Arriola a 8 años de inhabilitación por actuar como cooperador necesario de un delito de prevaricación, y Sánchez Alegría a 14 de inhabilitación por prevaricación.

Aunque la Fiscalía del Supremo no atienda la pretensión de Izaguirre respecto al delito de coacciones, es seguro que el TS revisará las condenas, ya que hay recursos pendientes de los encausados.