bilbao - Ya está prácticamente todo listo para que arranque la reparación de las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, unos afectados que han padecido olvido institucional y han visto tergiversadas sus reivindicaciones desde determinados ámbitos políticos. El Gobierno vasco aprobó ayer la resolución para abrir el plazo de solicitudes de reparación y, como ya informó este periódico, confirmó que el plazo para presentarlas será muy amplio, de dos años, para garantizar que los damnificados sean informados de este proceso y no se les pase por alto. Ese plazo comenzará a correr cuando se publique la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, algo que, según las fuentes consultadas, será inminente y podría tener lugar la próxima semana. También será amplio el margen que tendrá la comisión de expertos para analizar los casos. Dispondrá de hasta dos años por cada solicitud, para que pueda desarrollar su trabajo en óptimas condiciones, sin precipitarse y con dedicación. Además, el plazo podrá ampliarse en casos excepcionales.
De momento, lo que ha hecho el Gobierno vasco es abrir el plazo para que las víctimas presenten su solicitud de reconocimiento. La comisión de valoración compuesta por los expertos que tendrán que analizar los casos no puede comenzar a trabajar todavía. Antes debe culminar la tramitación del decreto que regula su funcionamiento. Ese decreto se encuentra ahora mismo en un periodo de alegaciones y se prevé que quede listo en noviembre o diciembre, de manera que la comisión se pondría en marcha antes de que acabe el año, según fuentes de la secretaría de Convivencia de Jonan Fernández consultadas por este periódico.
Fernández es muy escrupuloso con este proceso porque sabe que algunos sectores policiales y políticos están esperando cualquier tropiezo para tumbar la ley. De ahí que las fuentes consultadas subrayen que culminar el decreto es clave para que empiece a operar la comisión. De ella forman parte expertos como el forense Paco Etxeberria.
La resolución que se va a publicar la semana que viene informará del plazo de dos años para presentar solicitudes y remitirá a un enlace para acceder a un formulario. El Gobierno vasco ha buscado un método sencillo para que las víctimas no se pierdan en un laberinto ni acaben desistiendo del proceso. Los afectados deberán explicar qué sucedió y, si tienen documentación que lo acredite, aportarla. Será la comisión de valoración quien decida. Este plazo de solicitudes es telemático, pero también se podrá hacer de manera presencial.
Las fuentes consultadas no se aventuran a dar una cifra aproximada de posibles afectados. Solo tienen una horquilla que abarca los casos que pueden recibir una indemnización, porque toda ley tiene que verse acompañada por una memoria económica. En ese marco, el Gobierno vasco calcula que habrá entre 300 y 500 víctimas subvencionables, desde pequeñas lesiones hasta invalidez o fallecimiento. La cifra total de víctimas, indemnizables o no, se desconoce oficialmente. Sí se tienen en mente algunos casos muy conocidos, como los jóvenes Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL; Gladys del Estal, muerta en una protesta antinuclear; y Mikel Zabalza, cuyo cadáver fue hallado en el río Bidasoa tras ser detenido.
alegaciones El Gobierno vasco no quiere dar demasiada publicidad al asunto de las alegaciones y se muestra prudente. La ley tiene en contra a determinados sindicatos policiales como el SUP, y también al PP y Ciudadanos, que la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Las alegaciones, en cualquier caso, no paralizan el proceso y no es obligatorio incorporarlas al decreto. La sintonía con el Gobierno español, por el contrario, es total desde la llegada de Pedro Sánchez, con quien el Ejecutivo vasco pactó una serie de retoques en la ley de 2016 para dejar claro que no se pretende suplantar la labor de los tribunales ni ahondar en los culpables, sino centrarse en reparar a la víctima y reconocer su dolor con un proceso administrativo. Ese pacto con el Gobierno español es clave porque permitió retirar el recurso del expresidente Rajoy, y solo el Ejecutivo estatal tiene la potestad para suspender de manera automática y cautelar la ley con un recurso al Constitucional.
Podía existir el prejuicio de que el Gobierno vasco iba a acometer con rapidez la reparación para evitar que una eventual sentencia negativa del Constitucional truncara todo el proceso, pero el Gobierno vasco está convencido de que no habrá problemas con la constitucionalidad de la ley pese a los recursos del PP y Ciudadanos.
