El primer macrojuicio tras el fin de ETA

Mañana arranca en la Audiencia Nacional el sumario 11/13, que sienta en el banquillo a un total de 47 personas

09.02.2020 | 15:21

Mañana arranca en la Audiencia Nacional el sumario 11/13, que sienta en el banquillo a un total de 47 personas

LA Audiencia Nacional acoge a partir de mañana el juicio contra el que las instancias judiciales denominaron el frente de cárceles de ETA. 47 personas se sentarán en el banquillo por haber prestado ayuda psicológica, médica, jurídica y económica a presos y familiares, algo por lo que la justicia española les pide hasta 601 años de prisión bajo acusaciones de participación activa en organización terrorista. Se trata del conocido como macrojuicio del sumario 11/13, la que muchos han venido a llamar última causa de la doctrina del todo es ETA y que los acusados, a título individual o bajo el paraguas de plataformas como Herrira, Jaiki Hadi, Etxerat, Bitartekaritza del EPPK, han considerado como una "aberración jurídica y social" en un contexto en el que ETA está desaparecida y los trabajos fueron "públicos" y en pro de los "derechos humanos".

El sumario tiene su origen en 2013, cuando se produjeron unas detenciones que se extendieron hasta 2015 bajo las operaciones Jaque, Mate y Pastor. En septiembre de 2013, la Guardia Civil detuvo en Nafarroa, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia a 18 personas vinculadas con Herrira, creada en 2012 -con ETA ya sin actividad- con el objetivo de colaborar en la integración de los presos tras el fin de la organización. En enero de 2014 se llevó a cabo una segunda operación dirigida contra Bitartekaritza o los mediadores del EPPK -las personas que hacían de enlaces externos con los presos que habían participado en el debate sobre el fin ordenado del conflicto- en la que se produjeron ocho detenciones y una imputación.

Un año después fue el turno de los letrados: trece abogados y otros tres miembros de Herrira. Y finalmente en marzo de 2015 la Guardia Civil culminó la operación con las detenciones de dos miembros de Etxerat y otros dos de la asociación Jaiki Hadi, formada por médicos, psicólogos y psiquiatras que se ocupaban de procurar asistencia a los presos. En siete casos los detenidos entraron en prisión preventiva, que en el caso de Arantza Zulueta fue de hasta tres años. Y a todos se les retiró el pasaporte y se les impuso la obligatoriedad de firmar mensualmente en el juzgado. Fue un golpe en todos los flancos: el económico, el médico y el jurídico, que a juicio de los encausados no es sino un nuevo intento por impedir el fin de la excepcionalidad, anclar en el pasado el conflicto y poner palos en la rueda a la reintegración de presos.

Desde entonces los acusados han vivido con la presión de enfrentarse a largas penas de cárcel y con la incredulidad de que el que empieza mañana no es el último macrojuicio de la doctrina todo es ETA, sino más bien el primer juicio tras el fin de la organización que se plantea en los mismos términos que cuando existía violencia. A partir de mañana, comienza un proceso que se prevé largo de 20 sesiones hasta el 28 de noviembre. En un comunicado, hecho público en abril, los encausados aseguraban que su objetivo era que "los derechos de los presos fuesen respetados para consolidar la paz y la justicia en Euskal Herria", y temen que el juicio pueda afectar a un problema que, aseguran, sigue existiendo.

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