BILBAO - Mientras el independentismo exhibía una nueva demostración de fuerza en Europa, congregando hasta a 10.000 manifestantes a las puertas del Parlamento Europeo (PE), Carles Puigdemont eludió plantarse en Estrasburgo y participar en la protesta ante el riesgo de ser arrestado. El president en el exilio decidió no cruzar finalmente la frontera por consejo de sus abogados, liderados por Gonzalo Boye, después de permanecer en un hotel -el Calamus- en la ciudad de Kehl, a menos de diez kilómetros de la Eurocámara, un trayecto que se hace en veinte minutos en coche, y también en Alsacia, a solo tres kilómetros. No en vano, Francia es un país que, según sus letrados, puede avenirse a validar una extradición por los delitos que se le achacan en España al exjefe del Govern. Su entorno trasladó que unidades de la policía española se encontraban muy cerca dispuestas a detenerle acogiéndose a un convenio de colaboración entre la policía española y la gala, firmado en 2002 para la lucha antiterrorista, que agilizaría los trámites habituales. Sin embargo, desde Interior sostienen que el dirigente de JxCat solo podrá ser detenido fuera del Estado tras la emisión de una nueva euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Es decir, que el trámite en Francia sería el mismo que se siguió en Alemania, cuando un tribunal de Schleswig-Holstein declaró que Puigdemont únicamente podría ser juzgado en territorio español por malversación de fondos públicos.

Boye, que sí acudió a la concentración que censuraba que no se les permitiera acceder al escaño de eurodiputado electo a ninguno de los tres líderes soberanistas -Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras-, aseveró que barajaron “hasta el último momento lo que se debía hacer teniendo como punto de referencia su seguridad y teniendo presente que representan la internacionalización del conflicto y la lucha hasta el final por los derechos del pueblo catalán”. “Pero no había garantías de que no fuese a existir una medida administrativa de llevarle inmediatamente a territorio español”, precisó, arropado por el diputado de JxCat, Josep Costa, quien añadió que “esto no va de jugadas maestras, sino de luchar”. La admisión a trámite de su demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había levantado el ánimo del expresident pero el portazo provisional de la justicia europea, que mantiene lo acordado por la Junta Electoral Central y no lo publicado en el BOE, le obligó a no arriesgar. Algo que para la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, significa que “la ley es igual para todos” y que “el derecho interno -en relación a la legislación española sobre procesos electorales- es quien dice quiénes son los candidatos electos”.

internacionalizar el ‘procés’ Desde el escenario de la manifestación se proyecto un vídeo grabado a escasos metros de la frontera donde Puigdemont se arrogó el papel de “internacionalizador” del procés argumentando que “hemos empezado un trayecto que ya nos ha llevado a las instituciones europeas. Sabemos que no es fácil pero lo haremos por vosotros [?] Todos los votos son validos y tienen que ser contados”, espetó. Como definió la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie: “Somos soldados de una causa pacifista”. A lo que el cabeza visible del independentismo añadió respecto a los manifestantes: “Sois la prueba de su fracaso y de nuestro éxito para lograr que el Parlamento Europeo tengan que intervenir”. Por su parte, en una carta desde la prisión de Lledoners, Junqueras se mostró convencido de que imperarán los valores de la Unión como “bastión de derechos y libertades”, recalcando que los votos del independentismo “no valen lo mismo” que los del resto de ciudadanos europeos porque no tiene escaño. “Si el precio que tenemos que pagar para defender la democracia es la cárcel, lo pagaremos. Convertiremos esta injusta e arbitraria prisión en una causa justa, legitima y necesaria”, zanjó el líder de ERC. A su vez, el exconseller Comín preguntó al Estado qué teme, avisándole de que “si alguna causa merece los sacrificios que estamos haciendo esta es la causa de la libertad”.

Los miles de ciudadanos convocados por el Consell per la República exigieron a Europa que tome cartas en el asunto, reclamando la libertad de los encarcelados y reivindicando el dictamen de un grupo de trabajo de la ONU, que pide la excarcelación y una indemnización a los presos por una prisión provisional “arbitraria”. Quim Torra no acudió a la cita y permaneció en Catalunya para atender la emergencia de los incendios pero a través de un vídeo grabado mostró todo su apoyo a Puigdemont. “Presidente Puigdemont, saldremos de esta. No nos rendiremos, seguiremos luchando. Estoy seguro de que la voluntad de los catalanes será cumplida”. En la sesión constitutiva del PE, el diputado miembro del Sinn Féin, Matthew Carthy, denunció la situación de los políticos soberanistas.