BILBAO. “Hay mentiras, hay falsedades y después están las declaraciones del señor Millo”. Quim Torra fue el primero en plasmar su enfado ante la versión sobre la jornada del referéndum que ofreció ayer el exdelegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, para quien la línea política se impuso a la profesional en la actuación de los Mossos. Su relato fue desmontado por los abogados de la defensa tras cerrar filas el exdirigente del PP con la Policía española y la Guardia Civil, a quienes visitó los días posteriores, según él, para conocer de primera mano su posición sobre el 1-O, escuchando “testimonios estremecedores” debido a la situación “difícil y compleja” que encararon. Millo incluso ofreció un escenario inédito, al menos en lo que se ha podido comprobar en las imágenes.

“No era nada fácil, pude ver dedos rotos, alguna fractura de piernas, un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto con una uña no se puede hacer, hay que utilizar un objeto punzante”, ilustró. Un agente también le contó que había caído en la “trampa del Fairy: verter detergente en la entrada de un colegio para que cuando los policías entraran, resbalaran, cayeran y luego les patearan en la cabeza”. La descripción, en la que dio protagonismo a los CDR, chocó tanto que el juez Manuel Marchena tuvo que parar al testigo ante los murmullos en la Sala. “Los agentes me explicaron que incluso les habían golpeado en la cabeza usando llaves marciales”, prosiguió Millo interrogado por el fiscal Javier Zaragoza. “Había personas que estaban concentradas esperando la llegada policial para impedir su actuación con un carácter violento. Se ejerció violencia contra la policía judicial”, recalcó. Y puso como ejemplo que fue amenazado de muerte personalmente. “A mí me amenazaron. Escribieron en una pared Millo muerte”. No pudo concretar el autor de la pintada pero sí quién la borró: su hija. “Contabilicé hasta 100 o 150 acciones violentas en distintos municipios. Arrojar objetos incendiarios de pacífico no tiene mucho”, se jactó.

Cuando llegó el turno de Jordi Pina, el abogado de Josep Rull y Jordi Turull, su versión se deshizo como un azucarillo. El ex delegado del Gobierno reconoció que toda esta información es prácticamente de oídas, es decir, le llegó de forma oral y no en informes escritos, sin poder concretar la identidad de los mandos policiales que le dieron los datos que narró. Al final, se acabó excusando aludiendo a entrevistas en la prensa y solo fue capaz de explicar la violencia en los daños de los cuatro coches de la Bemenérita el 20-S. De los heridos por las cargas policiales no tiene conocimiento directo. Es más, se atrevió a ironizar sobre lo aportado por el Departamento de Salut: “La primera cifra de civiles heridos era de 45. Al final del día era de 400 y al día siguiente un millar”. A preguntas del letrado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, admitió que no tuvo ocasión de reunirse con los civiles heridos al tiempo que precisó que le constaba que hubo cuatro hospitalizados. “No me reuní con ellos. No tenía información oficial”. Ahora bien, como gesto, pidió “disculpas a la gente que estaba allí de buena fe y se encontró con una situación muy desagradable”. “Dije que el único responsable de la violencia era Puigdemont y en su nombre pedí disculpas”, zanjó.

Con Benet Salellas, letrado de Jordi Cuixart, tampoco pudo dar fe del incidente en Badalona con el líder de Òmnium; mientras que Javier Melero, abogado de Forn, le rebatió que la actuación de los agentes estatales fuera efectiva, por cuanto solo se cerró el 5% de los colegios; o que un registro de Unipost se retrasara por incidentes en la calle, ya que fue por defectos formales en la orden judicial.

Por su parte, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien negó las cargas policiales contra los votantes el 1-O hablando de “intervención exquisita”, declaró que su nombramiento como coordinador del operativo fue considerado “una injerencia” y “una invasión de competencias” por parte del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Para él, “los Mossos, mediante un dispositivo que fue una estafa, comunicaron a los colegios que no actuarían ante la presencia de niños, personas mayores y vulnerables”, dijo, dando a entender que esto se utilizó por la Policía catalana para “hacer un llamamiento” a los convocantes del referéndum para crear un “escenario” donde así “no poder actuar”.