Digitalización, competitividad y resiliencia son las claves que han llevado al Gobierno central a destinar este año 1.051 millones de euros a impulsar el sector agroalimentario y pesquero, unas ayudas que buscan, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y social, contribuir al logro de los objetivos estatales, europeos e internacionales.
Según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno central ha remitido a Bruselas, las medidas en este sector son “estratégicas” desde el punto de vista del suministro alimentario a la población a precios razonables y estables y la contribución del sector al equilibrio de la balanza comercial española, clave en la recuperación económica.
En este contexto, el Gobierno español está llevando a cabo la Ley de la cadena alimentaria, que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, cuya publicación está prevista para el segundo semestre de este año.
Los cuatro pilares fundamentales sobre los que pivotan estas reformas son el plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, el plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y el plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero.
Concretamente, al plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería se destinarán 307 millones de euros para inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero.
En el ámbito del sector pesquero, el plan pretende impulsar su sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización, facilitando una mejor gestión pesquera y contribuyendo a situar a la flota española, en niveles avanzados en aspectos como el digital, tecnológico y ecológico.
De esta forma, se destinará un total de 44 millones de euros para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Asimismo, el plan también alberga una partida de 11 millones de euros para la digitalización y uso de TICs en el sector pesquero, mientras que se dedicarán 14,1 millones de euros para impulsar la investigación pesquera y acuícola y para apoyar la formación del sector.
Una de las mayores dotaciones, con un total de 563 millones de euros, irá destinada a inversiones para modernizar los regadíos para fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles.
El Gobierno español prevé con estas inversiones poner a disposición del regante sistemas de riego más eficientes para poder cumplir así con los requerimientos de reducción de la presión de extracciones establecidos por la autoridad competente en materia de planificación hidrológica.
