La Audiencia de Cantabria juzga a partir de este próximo lunes al acusado de atropellar con su vehículo a tres personas, dos de ellas de Sestao, que fallecieron en abril de 2023 en la localidad de Suesa (Ribamontán al Mar) cuando circulaba bajo la influencia del alcohol y el consumo de medicamentos.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, que recoge el Tribunal Superior de Justicia, el acusado conducía su vehículo por la carretera CA-433 en el término municipal de Ribamontán al Mar bajo la influencia de bebidas alcohólicas combinadas con la medicación que tomaba. A consecuencia del estado que presentaba, circulaba “invadiendo buena parte del carril contrario” y, en un momento dado, después de una curva normal a la izquierda, perdió el control del vehículo y se salió de la vía por el margen derecho.
En esta maniobra atropelló a tres personas que caminaban por una senda peatonal señalizada y adjunta a la carretera, las cuales murieron. Una de ellas era María Teresa Ramos, de 68 años, vecina de la localidad riojana de Santo Domingo de La Calzada. Las otras dos víctimas fueron Erika Rey de Perea, de 42 años, y su hijo, Ethan Río, de 19 años, ambos vecinos de Sestao. Tras el atropello, el vehículo chocó contra una valla metálica y continuó circulando hasta colisionar con otro que le precedía, que se salió de la vía. El coche del acusado todavía invadió el sentido contrario y después volvió al carril derecho, hasta que chocó contra una valla en la que quedó detenido.
Tras el siniestro, se realizaron al conductor pruebas con etilómetro, que dieron un resultado de 0,70 y 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. También le tomaron muestras que arrojaron un resultado de 1,38 gramos de alcohol en sangre. Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, tres delitos de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave y uno más contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta en concurso con un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia del alcohol.
La pena que solicita el Ministerio Público asciende a seis años de prisión y nueve de privación del derecho a conducir vehículos a motor, lo que conlleva la retirada definitiva del permiso.
Las acusaciones particulares, por su parte, elevan la petición de pena a nueve años de cárcel y privación del derecho a conducir durante trece años. El juicio comienza el lunes y está previsto que siga el martes y el miércoles en la Audiencia de Cantabria.
