Sentencia del Supremo: Ábalos es condenado a 24 años de prisión y Koldo García a 19 por el 'caso mascarillas'

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su exasesor Koldo García -y un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio, pero le suspenden la pena al aplicarle el atenuante por haber colaborado con la Justicia. 

La Sala considera en su sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García responsables de delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.

Deja libre a Aldama

Tal y como reclamó el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, el comisionista de la trama ha quedado en libertad por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Precisamente, el único de los imputados que ha concurrido al Supremo de manera presencial ha sido el empresario Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban 30 años para el exministro y su exasesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.

Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

Por unanimidad

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas. Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió "graves" delitos de corrupción.

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.   

A su juicio, el "efecto más grave" de esas conductas "es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía". "Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema", advierte.