El PP pide investigar en el Senado la gestión de Transportes y Adif desde 2018, incluyendo inversiones y contratos

El PP ha registrado en el Senado su petición para crear una comisión de investigación para analizar y evaluar la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Renfe y de Adif en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario estatal.

En particular, los populares —que tienen mayoría absoluta en el Senado— quieren que esa investigación se extienda al análisis de los contratos adjudicados por Adif y Renfe; los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad; y el control de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

El PP justifica la creación de esta comisión de investigación, que anunció este miércoles el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en que el sistema ferroviario español “atraviesa desde hace años un proceso continuado de deterioro operativo, técnico y de fiabilidad” que ha dejado de ser coyuntural para adquirir un carácter “claramente estructural”.

Deterioro generalizado del sistema ferroviario

“Este deterioro afecta al conjunto de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, y se manifiesta en la proliferación de incidencias graves, retrasos sistemáticos, cancelaciones, restricciones de velocidad, vibraciones excesivas, fallos recurrentes de infraestructura y material rodante, descarrilamientos, deficiente información a los viajeros y una pérdida progresiva de confianza por parte de usuarios y profesionales del sector”, asegura el PP.

Además, destaca que las estadísticas oficiales confirman un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde 2018, con un máximo histórico en 2023 y una evolución posterior que no corrige el deterioro acumulado. Según el PP, de manera “especialmente alarmante”, los descarrilamientos han experimentado un crecimiento anómalo, situando a España entre los países europeos con peores indicadores de seguridad ferroviaria en los últimos años.

El PP sostiene que estos hechos no son “episodios aislados”, sino que se han producido en un contexto de infraejecución prolongada de la inversión ferroviaria en mantenimiento y seguridad. Además, considera que la situación se ha visto agravada por el incremento de la presión operativa derivada de la liberalización del transporte de viajeros, sin un refuerzo previo suficiente de los recursos destinados al mantenimiento, la supervisión y el control de la infraestructura común.

Accidentes recientes y fallos en la respuesta institucional

Según el PP, en este contexto de “deterioro acumulado” se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, y el posterior descarrilamiento en Gélida (Barcelona) el 20 de enero, con un maquinista fallecido y decenas de heridos. Estos sucesos, añade, han puesto de manifiesto “deficiencias graves en el estado de la infraestructura, en los sistemas de inspección y mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior”.

Es más, el PP cree que la actuación del Ministerio de Transportes tras los accidentes ha evidenciado déficits en transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades políticas, así como una falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años por los maquinistas.

Qué quiere investigar el PP en el Senado

Por ello, el Grupo Popular que dirige Alicia García propone que la comisión analice la planificación, ejecución y control de las inversiones destinadas al mantenimiento y la seguridad desde 2018; la situación de la red de Cercanías y Rodalies; y la gestión de las Limitaciones Temporales de Velocidad y su impacto en la seguridad y la calidad del servicio.

El PP también quiere que se investigue la estructura de dirección y toma de decisiones en Adif y Renfe y su influencia en la continuidad y eficacia de la gestión, así como la respuesta institucional a los accidentes ferroviarios graves y la atención a las recomendaciones técnicas y profesionales.

En su escrito, además, solicita analizar la adecuación de los sistemas de inspección, control y protección de la circulación ferroviaria; la situación de los sistemas de comunicación y localización en tiempo real de los trenes; y los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, en particular de la línea Madrid-Sevilla.

Asimismo, reclama revisar los contratos adjudicados por Adif y Renfe, especialmente los relativos a mantenimiento, conservación, seguridad y sistemas críticos, su grado de ejecución y su impacto en la seguridad ferroviaria. También pide estudiar las condiciones laborales y si hubo supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

Los populares subrayan además los incumplimientos legislativos del Gobierno, como la falta de aprobación del Plan de choque ferroviario, del plan de atención urgente a los pasajeros y del protocolo de análisis de incidencias previstos en la Ley de Movilidad Sostenible.

También resaltan que no se ha aprobado el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, prevista en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, ni se ha transpuesto la directiva europea sobre resiliencia de las entidades críticas, cuyo incumplimiento motivó que la Comisión Europea emitiera en julio de 2025 un dictamen motivado dentro de un procedimiento de infracción, según el PP.