La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este miércoles a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.
Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.
Según el Departamento que dirige Montero, esa prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009 (disposición transitoria tercera).
Asimismo, la vicepresidenta ha comunicado que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que ya ha provocado rechazo tanto en regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas, por haberse negociado previamente con ERC.
Calendario y recursos del nuevo modelo
Tras esas reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la aprobará el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.
En conjunto, las comunidades autónomas contarán con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara a 2027, año en el que se prevé que el modelo aporte unos recursos de 224.507 millones de euros.
Aunque en un principio solo se había avanzado la voluntariedad en cuanto a la recepción de una parte del IVA generado por las pymes, ahora las comunidades podrán decidir libremente si aplican por completo el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, aprobado en 2009.
Reacciones políticas y posiciones de las comunidades
Los gobiernos regionales del PP han advertido de que el nuevo sistema está "precocinado", definiéndolo como "modelo Junqueras", y han llegado a amenazar con acudir a la Justicia si este planteamiento se convierte en ley orgánica.
También desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, han calificado el modelo como "un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios", y han avisado que el principio de ordinalidad que defiende Cataluña es una "línea roja" para el Gobierno castellanomanchego.
Por su parte, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero (PSC), ha admitido que el nuevo modelo beneficia a la región porque venía de una situación de infrafinanciación, si bien ha recalcado que, con la propuesta, "todo el mundo gana", negando que se trate de un acuerdo de "insolidaridad" o "desigualdad".
