Las duras invectivas contra el acuerdo anunciado el jueves entre el PSOE y Junts no solo vienen del PP y Vox. En el propio PSOE se ha dejado escuchar el eterno verso suelto Emilano García-Page.
El presidente de Castilla-La Mancha ha llegado incluso a amagar con recurrir ante el Tribunal Constitucional la parte fiscal del pacto. “No es ni aviso ni amenaza, si hay que ejercer recurso lo haré”, dijo ayer en un acto institucional en Ciudad Real.
No es solo, con todo, lo que tiene que ver con los tributos lo que le provoca disgusto. Para Page, en el acuerdo entre socialistas y soberanistas “se ve mucha necesidad de gobernar por un lado y muchas ganas de librarse de la cárcel por el otro, y ninguna virtud”.
“Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que ha pasado”, apuntó, para discrepar “por completo” del relato que se planteó anteayer y tacharlo de “falso”. Además, añadió que “Puigdemont es culpable” y que los jueces están aplicando las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el PSOE, “por tanto, no pueden ser objeto de investigación ni de persecución”, concluyó el barón castellanomanchego.
También Ponsatí
En las filas soberanistas, también se escuchó la voz discrepante de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí. Según escribió ayer en el diario Vilaweb la compañera de partido y de bancada de Carles Puigdemont, el acuerdo con el PSOE es “una humillación para el país que costará remontar; y de los discursos de ayer no se desprende que sus protagonistas, empezando por el president, estén dispuestos a admitir ahora que el trabajo que quieren hacer ahora es otro”. Y aun añadía la exconsellera de Educación en el govern del president: “Es un menosprecio a la gente que ha confiado y le ha protegido”.
Menos llamativa, por reiterativa, es la andanada que ha trasladado a las instituciones europeas el CGPJ, con el único aval, se supone, de los vocales del ala conservadora. En una carta dirigida la presidenta comunitaria, Ursula Von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, el caducado órgano de gobierno de los jueces señala que el pacto de investidura entre el PSOE y Junts se alcanzó “con el único fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción”.
