El informe de la Fiscalía filtrado que recoge que el rey emérito Juan Carlos I actuaba a modo de comisionista internacional ha provocado otro terremoto en la Casa Real y la respuesta inmediata de la defensa del exjefe de Estado, que arremetió con dureza contra los fiscales en un comunicado hecho público ayer.Así, ante las afirmaciones de la Fiscalía a la Justicia de Suiza que apuntan a que el anterior monarca habría incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias; el abogado del rey emérito Javier Sánchez-Junco considera que “en la comunicación de los fiscales a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”.

De esta forma, la defensa de Juan Carlos I opta por negar la mayor y cargar contra la Fiscalía, elevando el tono contra las investigaciones y criticando las filtraciones. Según el letrado, las afirmaciones de los fiscales “conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano” y tienen como objetivo trasladar a la opinión pública “valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente” a la figura del monarca emérito, que tiene desde hace más de un año abiertas tres líneas de investigación por el cobro de comisiones ilegales.

Asimismo, los asesores jurídicos del anterior jefe de Estado hacen hincapié en que se haya dado a conocer una “solicitud de asistencia judicial” de la Fiscalía a Suiza que no debería ser pública. “Salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas”, critican.

El documento que ha vuelto a poner a la monarquía española en el ojo del huracán es en sí una comisión rogatoria al país helvético para que proporcione información sobre las cuentas que tuvo entre los ejercicios 2016 y 2019 la Fundación Zagatka, uno de los fondos ilegales que supuestamente empleó el monarca.

En esta solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de “elementos indiciarios de que los fondos millonarios que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita” y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos por Juan Carlos I en su supuesta condición de comisionista internacional: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Por todo ello, los fiscales españoles pretenden que la Oficina Federal de Justicia de Suiza les remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito. La Fiscalía se está encontrando con diversos obstáculos en una investigación que ya ha cumplido un año y tres meses, debido a entre otras cosas las reticencias de la Justicia suiza o la inviolabilidad de la que gozó Juan Carlos I hasta que abdicó en 2014. Otra traba es la relativa al delito de blanqueo ya que, para probar que se cometió, el Ministerio Público debe comprobar el origen ilícito del dinero, lo que todavía no ha logrado hacer ni podría hacer si es inviolable.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado se pronunció ayer sobre el estado de sus investigaciones tras hacerse pública su solicitud de asistencia al país helvético. Así, la institución explicó que ha cursado diferentes solicitudes de colaboración jurídica internacional a las autoridades de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al emérito. Se da la circunstancia, además, de que el rey regularizó cuatro millones de euros de su fortuna horas después de esta comisión rogatoria, de manera que, si conocía la investigación, la regularización quedaría invalidada.

reacciones

El Gobierno español no dudó en mostrar ayer su “preocupación” por la deriva del proceso mientras que todos los partidos políticos a excepción de Vox pidieron que la Fiscalía lleve sus pesquisas “hasta el final”. Por parte de Moncloa fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien mostró la “preocupación” en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Estamos recibiendo noticias preocupantes que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un Estado en el que todo tiene que ser conocido y todo debe ser investigado”, expresó Marlaska.

El PSOE defendió que todos los ciudadanos “son iguales ante la ley”, por lo que Juan Carlos I debe ser sometido a las indagaciones judiciales. “Cualquier ciudadano está sometido a que se realice cualquier investigación judicial”, señaló el diputado socialista Felipe Sicilia. La otra pata del Ejecutivo español, Unidas Podemos, emplazó a que se den los pasos necesarios para facilitar que el monarca emérito se siente en el banquillo. “Las informaciones ya no sorprenden a nadie; la novedad debe ser que deje de estar impune ante la Justicia”, consideró la portavoz morada Isa Serra.

En la oposición, tanto el PP como C’s reiteraron su confianza en la Justicia y en las investigaciones de la Fiscalía. El portavoz de la Ejecutiva de los populares, José Luis Martínez-Almeida, pidió esperar a que los tribunales se pronuncien. Vox se desmarcó y salió en defensa del emérito para decir que el fiscal “está actuando de manera partidista” en las diligencias.

Reunión Felipe VI-Delgado. Precisamente ayer, en medio de las nuevas informaciones que salpican a su padre, Felipe VI recibió a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La reunión figuraba de antemano en la agenda oficial del jefe de Estado y el motivo de la misma no estaba relacionado con las investigaciones de los fiscales sobre el monarca emérito, sino con la entrega a Felipe VI por parte de Delgado de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

“Las afirmaciones de la Fiscalía son carentes de la más mínima justificación”

Abogado de Juan Carlos I