La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2023 acredita que desde el año 2022 al 2023 se ha duplicado el número de menores extranjeros que han ingresado irregularmente en el Estado español. Las cifras estadísticas y el tratamiento sesgado de determinadas situaciones pueden convertir un fenómeno coetáneo en un problema que se inocula en el inconsciente colectivo. Esto está pasando en la práctica totalidad de los estados europeos y, en general, en los países más ricos del mundo.
Nadie discute que afrontar el fenómeno de la migración se debe realizar desde parámetros racionales, que eviten incurrir en el dramatismo o convertir el fenómeno en una película de Disney. El problema es en qué ámbitos institucionales puede configurarse una solución que trasciende a los estados y que afecta a un mundo enfermo en muchos aspectos.
Si recurrimos a las Naciones Unidas, nos encontramos con una institución compuesta por países heterogéneos, egoístas, incapaces de configurar proyectos comunitarios de relevancia y sin potestades coercitivas para cumplir sus propias declaraciones como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
La Secretaría General de la ONU para Migración y Desarrollo, a través de su representante Peter Sutherland, pidió a los países de la UE un mayor esfuerzo para resolver en buena medida la crisis de los refugiados. Advertía de que tras el cierre de la ruta de los Balcanes y el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía (considerando este último país seguro, huelga cualquier comentario sobre esta circunstancia) para la readmisión de refugiados y la intensificación de la actuación impune de las mafias y los traficantes de personas, el Mediterráneo se ha convertido de nuevo en la vía de acceso al Viejo Continente y además en la más peligrosa.
Tampoco las Naciones Unidas pueden ufanarse demasiado en relación a su intervención en estas crisis y en otros conflictos. Primero por su debilidad política que en ocasiones adquiere la condición de irrelevancia y después quien quiera conocer algunos aspectos del funcionamiento de sus agencias, puede leer el recomendable libro Habitaciones de soledad y miedo de Vicente Romero, que acredita como testigo presencial, algunas atrocidades del siguiente tenor: En algunos países africanos los Cascos Azules venden sus armas a las guerrillas, lo que ha obligado a crear una policía de control del uso del armamento por los mismos; son numerosos los Cascos Azules procesados por pasar la noche con niñas menores a cambio de la entrega de un dólar y son numerosos los testimonios acreditados por este corresponsal en donde Cascos Azules afirman taxativamente que su presencia en los contingentes se funda solo en la necesidad de obtener dinero y renuncian a intervenir en cualquier acción o contingencia.
Tampoco las reflexiones en relación a ACNUR deben ser particularmente apologéticas. Como afirma Vicente Romero en el libro indicado, sus responsables no traspasan, prácticamente nunca las fronteras, vallas y alambradas, resultando por ello imposible que puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
Si recurrimos a las instituciones de la Unión Europea, nos encontramos que tampoco ofrecen propuestas normativas razonables para atender este fenómeno, entendiendo por razonables su comunitarización entre todos los países de la Unión.
La intervención de la UE en relación al cumplimiento de mínimos legales e inspiración en los ideales de la Ilustración no puede ser más decepcionante. Observamos en Europa una contravención, prácticamente masiva de normas y principios como:
• Impermeabilización de las fronteras. Creación de guetos, junglas, esquats, lugares tranquilos.
• Refutación de la Convención de Ginebra, los Tratados para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en materia de asilo.
• Obstaculización de los Tratados Comunitarios y de Schengen.
• Competencia ministerial sobre migraciones en el Mediterráneo Occidental (Sistema SIVE).
• Financiación de la externalización y control de migrantes fuera de las fronteras de la UE, a través del Fondo Europeo de Desarrollo en el Magreb.
• Efectos del Acuerdo Dublin II convirtiendo a países de tránsito en países de destino (Polonia, Rumanía).
• Exigencia de visados en países fronterizos de la Unión (Polonia, ciudadanos rusos, chechenos, ingushes)
• Retornos forzosos.
• Levantamiento de vallas contra el permiso de libre circulación.
• Vulneración del Reglamento Dublin II y Código de Fronteras Schengen en el Adriático y en el Mediterráneo y en alta mar en general.
• Negación del principio de no devolución del art. 33 de la Convención de Ginebra. Consolidación de rechazos colectivos.
• Negocio de empresas de seguridad que fabrican muros electrónicos a cambio de notables beneficios.
• Trata de seres humanos y de menores (10.000 menores han desaparecido en los distintos movimientos migratorios).
El incumplimiento generalizado de la legalidad internacional no nos aleja solo de los ideales de la Ilustración y de los ideales de los pioneros intelectuales de Europa (Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet, etc...). Nos estamos alejando de los requerimientos del humanismo más elemental, el que sintentizó el pensamiento socialdemócrata con el humanismo cristiano, el que sintentizó los principios del romanticismo continental con el iusnaturalismo francés.
En todo caso, debe primar por encima de cualquier otro interés legítimo el interés del menor. Nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado, caracterizado por una gran subjetividad y ambigüedad. No es un concepto absoluto, sino relativo, que deberán considerar todas las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o las instituciones legislativas y si el menor está en condiciones de formarse un juicio propio tendrá derecho a manifestar su opinión, tal como dispone el art. 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
La situación de la política migratoria en el Estado español acredita la falta de cohesión del mismo y, por proyección, su propia identidad. La presencia de seis mil menores no acompañados en Canarias y la generosa oferta de liberar a este territorio de cuatrocientos ya es suficientemente elocuente.
Por otra parte, la Ley de Extranjería vigente prohíbe a los extranjeros que ingresan irregularmente ser contratados en los tres primeros años de estancia en el Estado, lo que no impide su utilización masiva en los trabajos más gravosos de los que los ciudadanos del Estado han abdicado hace tiempo (recogida de frutas y verduras, de estructuras agrícolas intensivas, cuidado de ancianos, servicio doméstico, etc.).
El dilema consiste en que en los países europeos que envejecen irreversiblemente los inmigrantes son imprescindibles para el sostenimiento de la economía. Esta circunstancia contrasta con el hecho de que los seres humanos disponemos de mecanismos neurológicos que generan comportamientos de solidaridad con los demás miembros del grupo al que pertenecemos. Sin embargo, estos mismos mecanismos generan comportamientos de rechazo al extranjero, al diferente y en mayor medida cuanto más pobre es el otro, más riesgo atribuimos a su presencia entre nosotros.
