Tribuna abierta

Teatro de sombras

La experiencia acumulada desde que se pusieron en marcha las frustradas reformas estatutarias en Euskadi y Catalunya demuestra la persistente cerrazón del nacionalismo español a admitir un nivel superior de autogobierno. La limitada democracia española se fundamenta en un supremacismo nacional, blindado constitucionalmente

28.04.2021 | 00:57
Teatro de sombras

LA Europa de posguerra apostó por poner límites a las democracias parlamentarias. La memoria de que un buen número de países habían derivado en dictaduras tras decisiones parlamentarias habilitó establecer instituciones con controles supraestatales. Se trató de asegurar una reconstrucción cooperativa, proyecto en el que colaboraron socialistas, liberales y demócrata-cristianos. El consenso de postguerra desplazó la responsabilidad política a instituciones no representativas, como la Comisión Europea, luego el Banco Central Europeo, y con el sistema de multigobernanza se posibilitó que en adelante muchas decisiones no fueran fiscalizables por el electorado. En el trayecto a un capitalismo financiarizado, los fondos de inversión y de pensiones también han oscurecido la percepción de la propiedad. El resultado ha sido la garantía de un doble cierre de seguridad oligárquico que procura opacidad.

En su azaroso devenir, Europa, a impulsos de la Ilustración, imaginó que la razón y la ciencia conducirían a la humanidad hacia el progreso –un horizonte con final feliz– cuya expresión teórica más avanzada fue el socialismo. Pero esa fe en la historia se destruyó con la I Guerra Mundial. El recurso a la violencia y el enfrentamiento entre ideologías por imponer distintas fórmulas de unicidad condujo a diferentes modelos totalitarios, y más tarde al paroxismo de la II Guerra Mundial. En la posmodernidad, las sociedades mediáticas y globalizadas siguen siendo espacios abiertos a la manipulación y la propaganda, y el resultado es un mundo líquido, pero no translúcido, sustentado en la simulación y la impostura, porque la centralidad política responde a un mero principio de conveniencia pragmática.

Como expresó Nicola Chiaromonte en su obra La paradoja de la historia, el fin de las ideologías ha conducido a una época de mala fe, donde a falta de convicciones, algunas creencias por utilidad se oponen a otras, sabedoras de no ser sino un ersatz o sucedáneo. En una suerte de teatro de sombras chinescas, la globalización ha puesto al descubierto la debilidad del mito del progreso, así como un auge de la conflictualidad religiosa –la fe de la premodernidad–. En la última década, en EE.UU. y China, en Rusia y Brasil, en India o Reino Unido el electorado ha respaldado fórmulas que recrean la ilusión de un populismo nacionalista de preguerra. Una alternativa que, en la UE, dada su naturaleza supranacional, no resulta factible, pero que provoca tensiones al interior de sus estados miembros.

Contemporáneamente, la política ha derivado en un espectáculo donde prima la mercadotecnia y ganan protagonismo los spin doctors o jefes de gabinete; y donde un modelo de gobernanza tecno-oligárquico ha impuesto un consenso neoliberal que elimina la discusión. Los partidos se han vaciado de ideología para convertirse en aparatos encargados de gestionar la administración pública, procurar negocio y empleo, o alimentar redes clientelares; la figura del líder ha eclipsado la dimensión colectiva y agencias consultoras han sustituido a las bases. La privatización y corporativización de la política conlleva un distanciamiento creciente entre la clase política y la población, que se refleja en el constante descenso de la participación electoral. Mientras, y episódicamente, nuevos partidos y movimientos demuestran ser efímeros intentos de organizar el descontento de una masa sometida a una creciente sobreexplotación y precariedad, que en los márgenes provoca un desplazamiento migratorio incontenible.

A este panorama distópico que en Europa se manifiesta mediante el envejecimiento de la población y la ausencia de crecimiento económico, en Euskadi le acompaña la decepción ligada a la experiencia de cuarenta años de autonomismo, en contraste severo con la memoria de la dimensión que alcanzó el autogobierno durante la I República de Euskadi. El empleo abusivo de la semántica y de la autocomplacencia no pueden ocultar la frustración que acompaña a una sensación de debilidad permanente y de aculturación creciente, asociadas a un sistema de precariedad y dependencia, que, aunque ha procurado logros también se ha demostrado inadecuado para superar retos en décadas pasadas, encarar los desafíos presentes, y que probablemente conducirá a una ulterior debilidad futura. A falta de una república vasca que procure una autonomía estratégica, Euskadi juega en una división regional, reservada a los pueblos y naciones sin estado, invisibilizada, sin acceso a las instituciones supranacionales y centros de poder internacionales, sujeta al albur de lo que se disponga en Madrid, París o Bruselas.

Para alcanzar un autogobierno real haría falta dinamizar Euskadi y un nuevo imaginario, lo que requeriría, entre otros cambios, de un nuevo estatus que posibilite una presencia permanente en la UE, disponer de una justicia propia y tener un reconocimiento internacional que incluya una dimensión deportiva, como ya cuentan, Äland, Flandes o Escocia, es decir, un paradigma que procure visibilidad, reconocimiento y genere ilusión en un proyecto de país: II República de Euskadi.

Aspiraciones sobre las que el supremacismo nacional español, para poder mantener su posición de dominio y seguir demostrando la impotencia de los proyectos políticos nacionales con los que compite electoralmente, no está dispuesto a negociar. Sin embargo, la fantasía de un neokantismo tan pulcro como políticamente estéril, pretende hacer creer que en un contexto de desmovilización permanente un cambio será posible mediante compromisos burocráticos que, sin embargo, se vienen retrasando ad calendas graecas. Una perspectiva dudosa.

La experiencia acumulada desde que a principios del milenio se pusieron en marcha las frustradas reformas estatutarias en Euskadi y Catalunya demuestra la persistente cerrazón del nacionalismo español a admitir un nivel superior de autogobierno.

La limitada democracia española se fundamenta en un supremacismo nacional, blindado constitucionalmente, que refuerza el proyecto del nacionalismo unionista mientras mantiene a la autonomía vasca y catalana, minorizadas por normas y tribunales, en una posición de debilidad sistémica.

Tampoco una democracia europea será factible mientras no exista una opinión pública europea. Su configuración requeriría de medios de comunicación transeuropeos, pero el poder vive más cómodo sin su existencia, libre del control al que se le sometería en un marco democrático europeo.

Para poder hacer avanzar un proyecto político asociado a una república vasca o europea es necesario, en mi opinión, iluminar el teatro de sombras de la política, en lugar de procurarle un falso blanqueamiento.

* Profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV/EHU

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