Ayer, el pleno de Bilbao aprobó una nueva medida para aumentar la oferta de vivienda en alquiler a precios razonables. Desde ahora se considerará grandes tenedores no solo a quienes poseen diez o más inmuebles, sino también a quienes acumulan cinco. La iniciativa va en la buena dirección, porque la vivienda no es un lujo ni una mercancía cualquiera, sino un derecho básico del que dependen la estabilidad personal, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Aún así yo sigo pensando que tener cinco propiedades no es algo habitual; o por lo menos no en el entorno en el que yo me muevo. Tener cinco viviendas en propiedad no es tampoco consecuencia natural del salario medio. En el contexto actual, con sueldos estancados y precios disparados, esa acumulación suele responder a herencias, ventajas estructurales o simple suerte. Resulta difícil de justificar que, mientras muchas personas pagan 800 euros por una habitación compartida, otras concentren un auténtico parque inmobiliario.
Se repite a menudo que regular estos casos supone penalizar el esfuerzo individual. Es un argumento tramposo. Nadie pierde sus propiedades ni se cuestiona su derecho a tenerlas. Se trata de poner límites cuando el beneficio privado entra en conflicto con un derecho colectivo. Regular precios no es castigar, es asumir que la vivienda no puede tratarse solo como un negocio y que la solidaridad también debe formar parte de las políticas públicas. Si además se hace desde el Ayuntamiento, mejora la convivencia.