CURRE con el tema de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los afamados ERTE por fuerza mayor, lo mismo que con la patada a seguir en el rugby o el patadón en el fútbol. Es difícil saber dónde acabará el balón y nada garantiza que el resultado vaya a ser positivo a los intereses de quien patea, pero de momento sirve para quitarse un problema de en medio. El acuerdo entre Gobierno español, sindicatos y empresarios firmado hace unas semanas tiene como principales virtudes la protección de millones de trabajadores que en estos momentos no tienen garantías de volver a su puesto y la suma de fuerzas en una misma dirección. Llámenlo como quieran: remar en la misma dirección, arrimar el hombro, tirar todos del carro... La factura final del mecanismo puesto en marcha como muro de contención ante el coronavirus rondará los 25.000 millones de euros a finales de septiembre, cuando concluye el periodo de vigencia del instrumento. A estas alturas de la novela del covid-19, plagada de incertidumbres, hay que cruzar los dedos para que, efectivamente, el 1 de octubre sea posible retirar la red de seguridad de los ERTE y que ello no suponga un repunte del paro con tan pocos precedentes como la situación actual. A veces se olvida que detrás de las estadísticas hay casi siempre familias y un buen puñado de ellas están ahora inERTEs, esperando que el temporal amaine y vuelva a salir el sol como hasta el 14 de marzo.
