La Comisión de Venecia dice...

El gran prodigio es que sus conclusiones han contentado por igual a partidarios y detractores de la norma. Cada bandería ha tomado el trozo del mensaje de su conveniencia y anda espolvoreándolo como prueba de que sus tesis a favor o en contra han sido rotundamente respaldadas.

Así, los portavoces y los medios zurdos destacan que los sabios venecianos han avalado (siempre con ese verbo) el proyecto, aunque han llamado la atención sobre algunas menudencias como la excesiva urgencia o la amplitud de las medidas.

No vinculante

En la diestra, sin embargo, la especie que se vende es que el dictamen exige que la ley cumpla la Constitución, que se apruebe por una mayoría amplia y que limite su alcance en cuanto a personas beneficiadas y fechas de comisión de los delitos.

Fíjense que ni siquiera podemos decir que unos mienten y otros dicen la verdad. Como mucho, que fuerzan un pelín los argumentos o que cada cual arrima el ascua a su sardina. Pero, si van al documento, verán que ambas versiones responden a la realidad.

Aparte de volver a felicitar a los autores del encaje de bolillos argumental por conseguir agradar a tirios y troyanos, procede preguntarse sobre los efectos reales de este documento en concreto y de otros del mismo tipo en general.

Incluso aunque las conclusiones o las recomendaciones hubieran sido más tajantes, no cabría esperar cambios ni en los posicionamientos políticos ni en la tramitación en sí. Por muy relevante que sea el dictamen, no tiene carácter vinculante. A partir de ahí, para lo más que sirven estos informes es para alimentar la conversación pública.

Nótese que este mismo ni siquiera se moja sobre si la ley se acomoda a la Constitución española o tiene encaje en el Derecho europeo. Tal cuestión se deja para las instancias jurídicas pertinentes que deberán decidir al respecto. Y eso solo será cuando no hablemos de un proyecto sino de una ley promulgada.