Doble vara- No es difícil imaginar qué se estaría diciendo si un importante cargo público de un partido de derechas hubiera sido imputada por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su pareja a una menor tutelada por su gobierno. Sin embargo, este es el minuto en que los guardianes de la ortodoxia progresí siguen defendiendo a piñón a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a la que el Tribunal Superior de su Comunidad ha mandado al banquillo por haber orquestado una trama para ocultar los abusos sexuales de su exmarido sobre una adolescente internada en uno de los centros dependientes de la administración. Estamos hablando de una investigación que ha llevado seis años y que acumula un sinfín de indicios escalofriantes de la trapisonda que se montó, según el escrito del juez instructor, con el propósito de librar al cónyuge de la acción judicial y/o de “tratar de proteger la carrera política” de Oltra. Hay nada menos que 13 funcionarios que participaron en una operación que (vuelvo a citar lo que se dice en el auto) “lejos de proteger a la menor, supuso una injustificada persecución”.

No solo persecución - Paradójicamente, los grandes aliados de la ya imputada han sido los medios de la derecha. Su gran cobertura del asunto, no pocas veces exagerada y abiertamente tendenciosa, ha servido para hacer el clásico relato a la contra: puesto que los que se ceban son los ultramontanos, todo se reduce a una persecución de la malvada caverna. Y es evidente que ha habido bastante de eso, pero también lo es que se han sucedido revelaciones a cada cual más truculenta de los tejemanejes, incluyendo, como ahora recoge el escrito de instrucción, la presión sobre la joven y, en última instancia, su desprestigio. Ella misma lo ha denunciado, así que aquí es donde cabe preguntarse dónde quedan las grandes proclamas sobre creer a la víctima. No digamos ya sobre ampararla.

Incoherencias - La izquierda más fetén y el feminismo de mensajes más contundentes tendrán que explicar algún día por qué en un caso tan sangrante, no es que se hayan puesto de perfil, sino que han ido a bloque con la presunta instigadora del encubrimiento. El caso deja en entredicho (por ser generosos) la sinceridad de los discursos y de las pancartas contra las agresiones machistas. Y, como incoherencia añadida, la de la actitud que hay que adoptar cuando un cargo público es imputado. La propia Oltra le dijo a Francisco Camps en 2010: “Yo, desde luego, el día que me vea, como usted, imputada, me iré a casa”. Está tardando.