Editorial

La reiterada opacidad del rey emérito

09.11.2020 | 01:20

Las nuevas investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre dos nuevos casos de posible blanqueo de capitales por parte de Juan Carlos I indicarían una conducta delictiva sistemática

LA apertura por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una nueva investigación –la tercera ya– sobre actividades financieras presuntamente opacas al fisco por parte del rey emérito Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca español, debería suponer el definitivo punto de inflexión que impulse una fiscalización judicial de ámbito general, independiente y transparente sobre la gestión y ocupaciones públicas y privadas del anterior jefe del Estado y el resto de los miembros de la Casa Real. La semana pasada se conocieron dos nuevos frentes judiciales a los que se enfrenta Juan Carlos I, y que se unen a la primera de las investigaciones abiertas por la Fiscalía del TS, referida –según se desprende de unas grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna Larsen, examante del anterior rey– al cobro de comisiones por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca, una investigación que será, con toda probabilidad, archivada. La primera de estas nuevas revelaciones ahora conocidas versa sobre los gastos tanto del rey emérito como de miembros de su familia, entre ellos su esposa Sofía, sufragados con tarjetas black u opacas lo que supone fondos no declarados a Hacienda. La última –de momento– investigación abierta por la Fiscalía es el hallazgo de una fortuna valorada en unos diez millones de euros que el rey emérito dispone en una cuenta activa en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, que Juan Carlos de Borbón habría, además, intentado mover recientemente, pista detectada por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Todo ello, más allá de que los presuntos delitos se hubieran cometido antes o después de la abdicación del anterior rey –las dos últimas investigaciones judiciales pueden fructificar en este sentido–, todos estos casos indican sin muchas dudas al respecto que se trata de una conducta prácticamente sistemática, reiterada, opaca y presuntamente delictiva con el único objetivo de lucrarse personalmente. El silencio de la Casa Real y también del Gobierno español ante estos hechos es ya clamoroso, mientras se suceden los acontecimientos, algunos tan reveladores –por lo chuscos– como el posible blanqueo en la compra de una yegua para un miembro de la familia real. Hechos a los que la ciudadanía asiste con justificada indignación. Un país democrático no puede permitir que la Justicia no actúe con celeridad y determinación.