LA huelga general convocada en Euskadi para el próximo día 30 de enero por ELA y LAB junto a otras organizaciones de la denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria es, por definición y por planteamiento expreso de sus inspiradores, una huelga política dirigida directamente contra los Gobiernos vasco y navarro y, en menor medida, contra el recién nacido Ejecutivo español. La insólita convocatoria ha tenido como primer efecto la división: sindical, política y social, y muy significativamente en el propio y activo movimiento de pensionistas, que se ha fragmentado. La enésima y reciente presentación pública de la huelga por parte de ELA y LAB vincula su convocatoria con un rechazo a las políticas del Gobierno vasco y a los Presupuestos pactados y aprobados por la negociación de una mayoría democrática del Parlamento Vasco. Es, por tanto, una huelga de reproche y señalamiento a unas opciones políticas concretas (PNV y PSE y por extensión de Elkarrekin Podemos por alcanzar pactos con ellos) en un año electoral, lo que aclara legítimas sospechas sobre su intención real. Todo ello, añadido al hecho -como señala el lehendakari en su carta de respuesta a los convocantes- de que ni pensiones ni legislación laboral son competencias sobre las que pueda incidir unilateralmente el marco legal vasco. La construcción de un marco propio de relaciones laborales, por su parte, está en manos de los agentes que deberían afianzarlo en una negociación colectiva que ELA ha boicoteado durante los últimos años. A su iniciativa le falta credibilidad y le sobran elementos de la estrategia de contrapoder proclamada por ELA como eje de su acción, por un lado, y al alineamiento político explícito de LAB como parte de la izquierda abertzale, por otro. Ambos sindicatos boicotean sistemáticamente los actos institucionales con los que el Gobierno vasco y el lehendakari buscan visibilizar consenso social en temas estratégicos de país, pero pretenden ahora escenificar un encuentro con Urkullu para dar visibilidad a su convocatoria de huelga. Porque la carta en la que piden reunirse con el lehendakari se remite con la huelga ya convocada y sin intención alguna de modificarla. En manos de ese juego, lamentablemente, los derechos de los pensionistas se convierten en mero instrumento y no en el fin que deberían ser y que dicen defender los convocantes.