TRAS las conversaciones desarrolladas en los últimos días entre el Gobierno vasco y el Gobierno español con el fin de completar el traspaso de cuatro de las treinta y siete competencias contempladas en el Estatuto de Gernika pendientes desde hace cuarenta años, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, evitó ayer entrar a valorar la calidad de la voluntad del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para cumplir los acuerdos alcanzados. Erkoreka se limitó a constatar las diferencias en la valoración económica de las transferencias y a situarlas en la resistencia del gobierno socialista a asumir los criterios mantenidos durante tres décadas para valorar cada transferencia en virtud de lo que estipula el Concierto Económico. Ahora bien, la mera discrepancia en ese aspecto ya es reveladora, si no del alcance de la voluntad, sí de una intención. El cuestionamiento de un criterio de valoración que es el que siempre hasta el momento se había venido utilizando, la última vez el pasado diciembre con la transferencia del tramo alavés de la AP-1, ya permite presuponer un interés en añadir innecesarias dificultades a la negociación. Pero si el criterio que se cuestiona es además el que se contempla en virtud del Concierto Económico, que constituye el marco regulador de las relaciones tanto tributarias como financieras entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, el interés en cuando menos dilatar el cumplimiento de los compromisos adquiridos resulta evidente. Efectivamente, aunque Erkoreka no lo verbalizara, existe en el Gobierno de Pedro Sánchez -bien sea por posicionamiento político o por cálculo electoral ante la presión de la derecha- una falta de voluntad a la hora de cumplir con la ley que el propio Ejecutivo español ha admitido incompleta al aprobar un calendario de transferencias que ahora, apenas semanas después, incumple; una falta de voluntad que no difiere en demasía de la que han mostrado anteriores ejecutivos, hayan sido socialistas o populares, y que ha obligado al PNV a aprovechar cada necesidad de apoyo parlamentario del gobierno de turno para obtener lo que por ley y refrendo -parlamentario en Gasteiz y Madrid y popular- le corresponde a Euskadi para su autogobierno. Conviene tenerlo en cuenta.
