COMO los millennials apenas leen la prensa de papel, no será necesario explicar a quienes tienen la paciencia de asomarse a estas líneas qué pretendo decir cuando cito a aquel famoso éxito publicitario de principios de los 90. O sea, cuando a uno se le acaban las razones o no dispone de fuerza suficiente para ganar, apela al pariente más fuerte para que acuda en su ayuda. En el terreno de juego de la política española, el Partido Popular tiene la ayuda de su particular primo de Zumosol, el Poder Judicial, al que recurre cuando pierde, cuando las cosas no salen como a él le conviene, como niño enrabietado que pretende ser siempre el dueño del balón.

Es una constatación que el estamento judicial proviene mayoritariamente de una raíz sociológica conservadora, por más que en su evolución personal no sean infrecuentes procesos de progreso ideológico. Ya desde la década de los 80 es evidente el empeño de los dos grandes partidos por controlar a jueces y magistrados con los lamentables efectos que se derivan de la politización de la justicia. El problema es que entre las principales asociaciones de jueces tienen mucho más peso las situadas a la derecha ideológica –Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación Judicial Francisco de Vitoria– que las progresistas Jueces para la Democracia y el más reciente Foro Judicial Independiente. Esa descompensación fue aprovechada por el PP de forma desaforada, situando a magistrados afines en los puestos clave de la más alta magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, y asegurándose la mayoría en el Consejo Superior del Poder Judicial. Este es el auténtico e inexpugnable primo de Zumosol, al que el PP apela en cuanto puede ser derrotado políticamente.

Es insoportable comprobar con qué arrogancia el PP impide la renovación de los altos cargos de la magistratura, ciscándose en la Constitución, en la equidad y en el propio sentido de la justicia. Una vez que se aseguró los nombramientos de magistrados afines gracias a la mayoría absoluta en 2011, como niño casquetoso no renuncia a su primo de Zumosol. Desde la seguridad que le aporta la alta magistratura vinculada a sus intereses, el PP ha judicializado la política hasta la náusea y, como un tic incontenible recurre al Tribunal Constitucional en cuanto el Gobierno “enemigo” decide una resolución, porque no le gusta su contenido o simplemente por objetar cualquier decisión de un Gobierno que cree ilícito.

Los reiterados recursos al TC, casi siempre precipitados y sin fundamento judicial, rara vez llegan a sentencia desfavorable pero la exasperante demora en los fallos mantiene un ambiente político inestable, con apariencia de provisionalidad y crea un incómodo desasosiego para el desarrollo normal de los proyectos del Gobierno, siempre bajo sospecha. Y si el PP lleva ya más de diez años ejerciendo de mamporrero judicial apelando al primo de Zumosol, le ha salido un discípulo aventajado en Vox, que desde 2020 ha acudido ya en 29 ocasiones al Tribunal Constitucional contra decisiones del Gobierno. Es desalentador comprobar que el más alto tribunal admite a trámite toda la morralla desestabilizadora que le llega desde la derecha extrema y la extrema derecha, que pretenden seguir siendo dueñas del balón y líderes del patio. l